Por Víctor Alvarez / Economista y ex ministro de Industrias Básicas
El coronavirus llega a un país con una economía en ruinas y un sistema de salud colapsado. La cuarentena social para reducir el contagio del COVID-19 afecta a la producción y el comercio, y puede agravar la escasez crónica que castiga a los hogares, empresas e instituciones. Venezuela está atrapada en un círculo vicioso: no va al trabajo para sobrevivir pero si no produce tampoco podrá vivir.
El sector privado nacional reclama ayuda. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción, sin ventas y sin poder cobrar facturas pendientes, comienzan a sufrir problemas de flujo de caja y se les hace difícil hasta pagar la nómina. Voceros de Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio y Fedeindustria han planteado posponer y disminuir el cobro de ISLR, IVA y otros tributos. Las compensaciones económicas que piden los gremios empresariales incluyen el pago de nóminas en las empresas que se han visto obligadas a interrumpir su actividad.
Pero la lógica del Gobierno es diferente, toda vez que necesita que las empresas terminen de pagar el ISLR antes del 31 de marzo para contar con recursos que le permitan encarar la amenaza del coronavirus. Venezuela es un país cuyas finanzas públicas están quebradas por la prolongada contracción económica que ha llevado a miles de empresas a cerrar cada ejercicio fiscal con pérdidas, sin poder pagar mayores impuestos. La hiperinflación ha desembocado en una creciente informalización de las operaciones de compra-venta en las que no se pide la factura fiscal para ahorrarse el pago del IVA. Y las exoneraciones arancelarias también han mermado los ingresos fiscales. La Tesorería Nacional está seca y no tiene recursos para compensar la postergación del ISLR o rebajas en el IVA, a no ser con emisiones de dinero por parte del BCV que atizarían nuevamente la hiperinflación.
En este contexto de restricciones económicas donde los fondos públicos no alcanzan para todo, el gobierno se enfrenta al dilema de concentrar los escasos recursos en el control de la pandemia y, a la vez, compensar el impacto económico de la cuarentena sobre las empresas. El gobierno necesita ingresos para pagar a los trabajadores que se quedan en su hogar, sobre todo a los del sector informal que no están en ninguna nómina y ponen comida en la mesa de su casa con lo que se ganan día a día. Pero conjurar la amenaza del COVID19 impone la necesidad de alcanzar una masa crítica de fondos que -en el corto plazo- se deben destinar de manera prioritaria a las medidas preventivas para evitar un contagio masivo y acelerado que no pueda ser atendido por el precario sistema hospitalario del país.
El margen de maniobra que tiene el Gobierno para atender la economía está en las medidas monetarias y financieras. Hay que reducir el encaje legal para reactivar el crédito y dar oxígeno financiero a las empresas. Es necesario comprender que esta no es una crisis económica sino una crisis sanitaria. El sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia. Tener claras las prioridades es la clave para concentrar los esfuerzos en la causa del problema, en vez de distraer recursos en paliar unas consecuencias que seguirán manifestándose si no se controla la propagación de la enfermedad.
PUBLICADO: 28 de marzo de 2020
