El vicepresidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional de Venezuela, Elías Matta, aseguró que en el chavismo hay dirigentes que apoyan devolver a privados las empresas de servicios petroleros que fueron estatizadas por Hugo Chávez hace casi 10 años, pero se niegan públicamente a pronunciarse a favor de esa rectificación.
El parlamentario acusó al ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, y a los gerentes de PDVSA Occidente y Oriente, José Luis Parada y Pedro León Rodríguez, respectivamente, de persuadir a Chávez de tomar la medida de estatización que perjudicó al patrimonio del país bajo el argumento de que los representantes de esas empresas estaban organizando una huelga similar a la de finales de 2002 y principios de 2003.
“Esa nacionalización se hizo con el afán de negocios y ahora vemos como esos funcionarios tienen acusaciones de la Fiscalía, están presos o están fugados”, dijo el diputado Matta. “Chávez comió casquillos y aprobó vía Habilitante esa ley que reservó al Estado todas las actividades de servicios petroleros que prestaba el sector privado. Por eso fueron expropiadas 140 empresas y 39 muelles pero ese error la producción de occidente cayó en 600.000 barriles diarios y eso implica una pérdida a lo largo de estos años de 50.000 millones de dólares y los muelles y las empresas se encuentran totalmente abandonadas y en ruinas”, acotó.
El diputado explicó que la recién aprobada reforma de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, que devuelve a privados ciertas actividades del sector de hidrocarburos, comenzó a discutirse hace más de dos años cuando todavía los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela acudían a las discusiones de la Asamblea Nacional.
“Esta reforma de ley, la comenzamos a discutir cuando eran diputados Asdrúbal Chávez (actual presidente de Citgo) y Victor Clark (gobernador del estado Falcón) quienes eran los representantes del PSUV en la Comisión de Energía y estaban de acuerdo con esa reforma, fueron los encargados de recoger las observaciones que se le pudieran hacer en el Ministerio de Petróleo y PDVSA, cuando estaba Eulogio Del Pino, estaban de acuerdo con aprobarla pero estalló el conflicto político”, indicó.
Al ser consultado sobre la viabilidad de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro le otorgue el ejecútese a la referida reforma, explicó que la considera poco factible debido a que el gobierno se niega a reconocer a la Asamblea Nacional como representante del Poder Legislativo.“Se ha decidido crear un banco de leyes y su ejecútese se hará en el momento en que el que esta diatriba política termine y el Gobierno termine de entender que la Asamblea Nacional es el organismo por excelencia de aprobación de las leyes, contratos públicos y acuerdos”, dijo.
PUBLICADO: 19 de julio de 2018