La junta de administración ad hoc de Petróleos de Venezuela inició una nueva acción legal en línea con la declaratoria de ilegalidad del bono PDVSA con vencimiento en 2020 al introducir una demanda contra dos representantes o agentes financieros de estos títulos ante una corte en los Estados Unidos.
En el comunicado tanto en inglés como español se señala que la acción judicial se hizo ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York contra dos agentes de estos títulos: MUFG Union Bank (Mitsubishi Union Bank Financial Group) y Glas Americas, exclusivamente en “sus respectivas capacidades como fideicomisario y agente colateral” de los referidos títulos.
“La demanda busca una declaración de que los bonos PDVSA 2020, incluidos los contratos, compromisos, todos los documentos y obligaciones asociados, son inválidos, ilegales, nulos y sin valor ab initio”, indica el comunicado de la junta de administración.
Señala que la emisión de estos títulos de PDVSA en el año 2016 son ilegales porque no fueron aprobados por la Asamblea Nacional como obliga la Constitución a toda operación de crédito público, incluida aquellas que contraten empresas del Estado.
Los inversionistas de estos títulos aseguran que en 2016 el parlamento no declaró la ilegalidad sino que se limitaron a rechazar la operación, argumento que rebate la junta ad hoc de PDVSA al afirmar: “En el momento de la oferta de intercambio, la Asamblea Nacional de Venezuela condenó el intercambio en lugar de autorizarlo”.
El rechazo del Poder Legislativo en ese oportunidad y que luego fue ratificado en el acuerdo de ilegalidad de principios de octubre de 2019 no sólo se centra en cuestionar que no se tuviera el aval parlamentario que señala la Constitución sino también en que se haya puesto casi que la mitad de Citgo como garantía de esos papeles en caso de incumplimiento.
Con esta decisión, la Asamblea Nacional emprende una segunda estrategia para preservar Citgo: una de lobby, que logró que el Departamento del Tesoro suspendiera hasta enero la Licencia General No. 5 que hubiera permitido a los tenedores de estos bonos exigir el pago; y ahora judicial, que intenta una declaratoria de ilegalidad.
PUBLICADO: 29 de octubre de 2019