La jueza Katherine Polk Falla refutó los argumentos presentados por el ex procurador especial José Ignacio Hernández sobre la ilegalidad de los bonos PDVSA 2020 (Foto Asamblea Nacional)
La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Falla, rechazó todos los argumentos que presentaron los abogados de la Asamblea Nacional de Venezuela, los cuales señalaban la presunta ilegalidad de los bonos PDVSA 2020, emitidos por Petróleos de Venezuela en el año 2016 que pusieron como garantía en caso de incumplimiento 51% de la acciones de Citgo. Con esta decisión se favoreció a los acreedores de estos títulos adquiridos principalmente por el fondo de inversión Ashmore.
“La ley venezolana es en última instancia irrelevante para esta acción, y si bien no existe un impedimento jurisdiccional para que la Corte proceda a una discusión de la ley venezolana, la Corte se muestra reacia a considerar la legislación de otra nación cuando dicha interpretación no es necesaria y especialmente porque la ley extranjera en cuestión es una Constitución”, señala la jueza en su sentencia. “Los demandantes no argumentaron y este tribunal no identificó identificado ninguna debilidad basada en la ley de Nueva York en las notas y documentos del título 2020”, añade el escrito de Polk Falla.
La sentencia obliga a las autoridades de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a pagar 1.683 millones de dólares por lo que se debe de capital de los bonos y a eso se deben sumar intereses pendientes, moratorios así como las tarifas, los desembolsos y los gastos, incluidos los honorarios de abogados.
Asuntos de legalidad
A finales de octubre del año 2019, las autoridades de la junta de administración de PDVSA y el entonces procurador especial designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, introdujeron una demanda contra los tenedores del bono PDVSA 2020 por aceptar un título de deuda que se consideraba ilegal por no haber sido aprobado por la Asamblea Nacional e hipotecar a Citgo.
En los escritos que se introdujeron ante esa corte estuvieron dos acuerdos aprobados por el parlamento venezolano en los que se cuestiona la legalidad de los referidos títulos, uno del año 2016 y otro de 2019. “Los acuerdos de la Asamblea Nacional son elementos de prueba importantes, pero no son los únicos para que un tribunal de Estados Unidos declare la nulidad de los bonos PDVSA 2020”, dijo Hernández en una entrevista a Petrogía a fines de octubre de 2019 tras las presentación de la demanda. http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/%E2%80%9Cacuerdos-de...
En abril de 2020, el economista y dirigente del partido Primero Justicia, Alejandro Grisanti, en su condición de director de la junta ad hoc de PDVSA, envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la que advirtió que en esa organización política existía objeciones a la estrategia que se había seguido para el manejo de la deuda y que había sido trazada por Hernández. Entre otros aspectos cuestionaba la negativa a negociar con los tenedores de títulos.
“Las acreencias del bono PDVSA 2020 representan tan solo 1% del total de las deudas que confronta el Estado venezolano. El obtener un resultado desfavorable en este juicio nos va a poner en una situación desventajosa en las negociaciones que vamos a tener que dar por el otro 99% de las acreencias”, dijo Grisanti en la misiva que le envió a Guaidó.
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Quince días más tarde –mediados de mayo de 2020- el procurador especial aseguró que se había abierto una posibilidad de negociación con los acreedores de este papel y refutó el argumento del 1% de la deuda señalado por Grisanti, recordando el hecho de esta deuda había comprometido el patrimonio de Citgo. Sin embargo, en esta oportunidad dejó entrever que había conversaciones con los acreedores.
“El juicio ha creado nuevas oportunidades para llegar a un acuerdo, en este caso extrajudicial, a fin de resolver la controversia. Ese ha sido siempre un principio de la oficina del procurador especial ha estimulad”, dijo Hernández. “Puede haber un acuerdo después que se emita la sentencia. Las negociaciones siguen. Lamentablemente, hay acuerdos de confidencialidad que impiden dar detalles. Esta es una tarea que diligentemente ha venido llevando adelanta la junta administradora ad hoc de PDVSA, pero en cualquier momento puede llegarse a un acuerdo”, añadió.
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Tanto Hernández como Grisanti renunciaron a los cargos que habían asumido a principios del año 2019 y el puesto de procurador especial fue asumido por Henrique Sánchez Falcón. La jueza Polk Falla acepta la validez del bono y la protección de Citgo solo está dada por la restricción que la impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
“Ante cualquier dictamen en causas vinculadas a Citgo por deudas irresponsables de Nicolás Maduro, incluyendo bonos 2020, desde el Gobierno Interino hemos asegurado medidas de la OFAC de los Estados Unidos”, declaró Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos nombrado por la Asamblea Nacional.
PUBLICADO: 17 de octubre de 2020
