La Directora de Transparencia Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Erika Chávez, informó que una investigación realizada revela acciones irregulares en la estatal petrolera y sus subsidiarias con manejos poco transparentes por 1,2 millones de dólares durante la gestión de Herland Soliz, como presidente de YPFB, y Víctor Hugo Zamora, como ministro de Hidrocarburos, del gobierno de Jeanine Áñez.
La Dirección de YPFB objeta concretamente, que obedeciendo a una resolución ministerial ( la del 031-2020, del 23 de marzo de 2020, emitida ilegalmente según consideran por el Ministro Zamora) se hubiera instruido a que “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias que, de manera extraordinaria e inmediata, destinasen recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el COVID-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia Contra el Coronavirus”.
Asimismo, la investigación evidenció concretamente irregularidades como:
• Ausencia de cotizaciones ni licitaciones que permitiesen conocer si los precios pagados para las adquisiciones y compras para el UMEC-YPFB fueron competentes con los del mercado como establece cualquier tipo de contratación estatal.
• En ninguno de los casos los bienes adquiridos por las subsidiarias y filiales entregados a YPFB ingresaron por almacenes, lo que evidencia el incumplimiento de procedimientos. Y tampoco hay “descargos con relación al destino de los insumos médicos; es decir, que si bien se habría comprado insumos no se conoce si fueron entregados a la población, dónde se encuentran o si se los llevaron”.
• Se evidenció direccionamiento en la contratación de las empresas, “les decían a quién contratar o de quién adquirir el servicio”, añadió Chávez.
De acuerdo a las conclusiones de la investigación, “Transporte, Andina, Chaco, GTB, Transierra, Refinación, Air BP Bolivia y Logística desembolsaron los 1,8 millones de dólares en diferentes porcentajes, de los cuales 1,2 millones de dólares fueron ejecutados.
No obstante, Zelaya precisó que para tener mayores detalles y responsabilidades “se ha instruido a todas las empresas filiales y subsidiarias que realicen una auditoría interna”. Y ratificó que se realizarán las acciones legales por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica contra las empresas que han incumplido normativas.
PUBLICADO: 27 de abril de 2021