Gobierno de Petro agiliza aprobación de ley que prohíbe el uso del fracking en Colombia

El gobierno de Gustavo Petro ya envió un mensaje a las empresas petroleras internacionales y privadas colombianas: apoya la iniciativa de la Alianza Colombia Libre de Fracking que por cuarta vez introdujo el proyecto de ley que prohíbe el fracking, la exploración y producción de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos y que ordena la reformulación de la política de transición energética. La muestra de ese respaldo provino de la presencia en el acto de las ministras de Ambiente, Susana Muhamad, y de Minas y Energía, Irene Vélez.
“El Gobierno nacional va a firmar este proyecto de ley porque fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, fue una posición política clara y estamos iniciando el camino de cumplimiento de ese compromiso político”, dijo la ministra Muhamad. “Hay tres argumentos principales para esa decisión: primero, nuestro compromiso por trabajar por un país que haga una transición social, económica y ambiental para enfrentar la crisis climática; segundo, creemos en la democracia ambiental que significa tomar la voz de las comunidades y lograr concertaciones en las políticas de desarrollo; y tercero, esta vez existe un amplio acuerdo entre las bancadas del Congreso, el Gobierno nacional y el movimiento social”, añadió.
En el acto intervino la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien también insistió que la prioridad del gobierno de Petro es  propiciar una política marcada por medidas que contribuyan a frenar la crisis climática global, que sean técnicas pero también sociales.
“La transición energética necesita ser segura. No se trata de dar un salto al vacío pero sí que los recursos económicos y de ciencia y tecnología lo vamos a dedicar a hacer escenarios de transición energética”, dijo la ministra Vélez. “Vamos a convocar al sector empresarial para que las empresas hagan la transición y las vamos a llevar porque las necesitamos. Este país está cambiando y vamos a hacerlo juntos; y vamos a hacer una transición participativa porque vamos a ir al usuario final y a las comunidades”, añadió. 
El acto contó con la asistencia de 60 congresantes que respaldan este proyecto legal y que comparten los propósitos de defender la naturaleza, el agua y la vida; los derechos ambientales de las presentes y futuras generaciones, y de enfrentar de manera efectiva la crisis climática.
“Es una propuesta coherente con las exigencias de la ciudadanía para alejar los peligros de la explotación de los yacimientos no convencionales y el fracking. La iniciativa garantiza, al mismo tiempo, la continuidad de la explotación convencional de petróleo y gas, que es necesaria para una transición energética justa”, informó este movimiento en un comunicado. “El proyecto no solo logra blindar los territorios de los conocidos peligros asociados al fracking, sino también los que podrían materializarse con la explotación de arenas bituminosas, que tienen el potencial de afectar delicados ecosistemas de la cordillera oriental y de los llanos”, agrega.