El Departamento del Tesoro ha protegido a Citgo de los acreedores (Foto Citgo)
El juez Leonard Stark de la Corte del Distrito de Delaware, que lleva el caso de la demanda presentada por la empresa Crystallex para que el gobierno de Venezuela le pague 970 millones de dólares por una expropiación sin compensación, marcó un nuevo paso al presentar un cronograma de subasta de la empresa Citgo, que es una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos y de esa manera obtener una compensación.
“La orden del juez establece los procedimientos de licitación y venta, la contratación del banquero de inversión Evercore Group y propicia un acercamiento con Departamento del Tesoro para buscar una decisión sobre cualquier venta de acciones”, señala una nota de la agencia de noticias Reuters. “El proceso del juez Stark establece un calendario de nueve meses después de la fecha de lanzamiento oficial antes de revisar una oferta alta”, agrega https://www.reuters.com/markets/us/us-judge-approves-sales-process-share...
Todo indica que el juez Stark intenta persuadir a esa dependencia del Poder Ejecutivo estadounidense responsables de los asuntos financieros y fiscales de los Estados Unidos para que no mantenga la protección que impide cualquier venta de Citgo por ser una empresa de una corporación del Estado venezolano que están envuelto en un conflicto político, tomando en cuenta que desde 2019 su directiva fue nombrada por un gobierno interino que encabeza el dirigente de oposición Juan Guaidó y no por la administración de Maduro.
Por tanto, esta nueva decisión de Stark caso exacerba la crisis política venezolana que enfrenta a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y a los dirigentes de los principales partidos político de oposición que están agrupados en una plataforma que llaman Grupo de los 4 o que comúnmente queda reducida a la denominación de G4 en la que participan Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.
“El Estado venezolano rechaza categóricamente esta temeraria decisión, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta, quien, alineado con Crystallex forma parte del entramado internacional, que responde al poder hegemónico e imperial de los Estados Unidos, profundizando así su guerra multiforme y su pretensión de expolio descarado e indiscriminado de los activos del pueblo venezolano”, indica un comunicado del Gobierno de Maduro emitido a través de la Comisión Presidencial para la Recuperación y Reestructuración de la Industria de los Hidrocarburos. “Esta írrita decisión, violatoria del derecho internacional, constituye una nueva escalada de maniobras ilegales y fraudes procesales, en los que se le impide a la nación la presencia de sus representantes legítimos, pretenden justificar el saqueo y el despojo de los activos a la nación venezolana para ser entregados a potencias extranjeras”, acota el documento.
El texto también responsabiliza de las consecuencias que pueda tener la decisión de Stark al dirigente político Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de 2015, debido a que la situación creada parte de haber asumido el cargo de presidente interino con reconocimiento del gobierno de Estados Unidos que desconoce la reelección de Nicolás Maduro en 2018.
Por el lado de la oposición no existe pronunciamiento y solo se recuerda que la subasta que ordena realizar el juez Stark no se puede realizar debido a la protección que goza la empresa de refinación por parte del Departamento del Tesoro que prohíbe toda enajenación.
PUBLICADO: 13 de octubre de 2022
