Colombia promueve "diálogo entre opuestos" para desarrollar su sectores minero y energético

Una de las organizaciones no gubernamentales de Colombia que se involucra con prácticas o el estándar que promueve la Iniciativa de Transparencia para Industrias Extractivas (EITI) es Ecos Instituto de Diálogo entre Opuestos.
“Nosotros promovemos espacios de gobernanza colaborativa y diálogo multiactores, particularmente en el sector minero energético con el objetivo de generar incidencia en políticas públicas, buenas prácticas corporativas y una participación activa y responsable también de las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, y todo en cooperación con los organismos internacionales y con el Estado”, comenta Miguel Ángel Ortiz, director ejecutivo del Instituto Ecos. “La misión de esta organización es poder generar confianza, tomar decisiones con información y generar procesos de gobernanza colaborativa en pro del desarrollo territorial”, agrega.
Explica que en los proyectos mineros y también energéticos, que abarca el estándar de la EITI, se tienen posiciones distintas entre la visión de las propias instituciones del Estado, las empresas y las expectativas de las comunidades.
“Tenemos una vocación de diálogo y de búsqueda de consensos en pro del desarrollo de los propios territorios y allí es donde nuestra metodología de diálogo se pone al servicio de la colaboración y al servicio de las personas”, indica el representante de Ecos.
Ortiz señala que en varios países, entre ellos Colombia, existe la exigencia que cualquier proyecto minero energético debe contar con lo que se llama la licencia social para operar.
“No es solo un criterio de si el marco legal solicita o no una licencia social, sino más bien de un criterio de competitividad territorial porque para las empresas, el principal habilitante del desarrollo minero es la credibilidad que pueda tener el territorio y el interés también en apalancar su desarrollo de una minería responsable, sostenible y que le brinde resiliencia a los territorios, es decir, que el impacto social, ambiental y económico sea positivo para los territorios”, puntualiza.
Uno de los aspectos que tiene Colombia es la existencia de lo que se llama el Comité Tripartito Nacional, el cual ha permitido que se realicen las conversaciones bajo un esquema de gobernanza sólido entre organismos oficiales, empresas y comunidades donde se va a desarrollar el proyecto minero, que también aplica para los sectores del petróleo y el gas natural.
Ortiz destaca que Colombia aún con los cambios de gobierno que ha tenido en ocho años, con posturas ideológicas opuestas, mantiene una continuidad en el cumplimiento de los principios de transparencia que impulsa la EITI, que también involucran a gobiernos subnacionales: gobernaciones y alcaldías.
“Cada gobierno que llega tiene el reto no solo de darle continuidad, sino también de ponerse al día con lo que no se ha hecho. En el caso de Colombia en estos momentos, si bien tenemos un informe que está atrasado y con información algo rezagada, también existe un compromiso del gobierno nacional de ponerse al día con EITI”, indica. Un aspecto que destaca que todos estos desarrollos de materias primas, además de la parte ambiental y social, involucran aspectos de igualdad de género y derechos humanos.