Jorge Piedrahita: “La iniciativa del equipo de María Corina es excelente en el sentido de que algo que ha faltado en la Asamblea Nacional de 2015 ha sido la un dialogo fluido con la comunidad de inversores”
Por Andrés Rojas Jiménez
Los agentes financieros internacionales y los acreedores del Estado venezolano en el exterior -que incluye a los tenedores de bonos emitidos por Petróleos de Venezuela (PDVSA)- tienen en la mira decisiones judiciales en los Estados Unidos, resoluciones que competen a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC), y cualquier acuerdo o entendimiento que pueda darse entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición, de acuerdo a lo que señala Jorge Piedrahita, CEO de Gear Capital Partners, una firma de consultoría que asesora a fondos de inversión en America Latina, incluida Venezuela, entre los que se encuentra Copérnico Recovery Fund.
El experto alerta sobre el hecho que a partir de noviembre de 2023 comienza a vencerse el plazo de 6 años que tienen los acreedores para demandar a Venezuela y corren el riesgo de perder toda posibilidad por no haber iniciado una acción judicial bajo la creencia o esperanza que se lograría un acuerdo de negociación por esas obligaciones, bien sea con la administración de Maduro o la oposición venezolana en el tiempo que existió el llamado gobierno interino.
También advierte que cualquier esfuerzo de negociación con acreedores choca con un obstáculo: no se consigue un interlocutor oficial que sea creíble y al mismo tiempo tenga reconocimiento de las autoridades estadounidense. Al respecto, avala la propuesta presentada por el equipo económico que asesora a la pre candadita María Corina Machado pero está la duda que ella pueda ser candidata y la incredulidad es mayor cuando se presenta como futura presidenta. Por el lado del gobierno de Nicolás Maduro pesa que no tiene el reconocimiento del gobierno estadounidense.
Piedrahita no considera factible que el gobierno de Joe Biden revierta la licencia que le otorgó a Chevron a finales del año pasado y que ha permitido comenzar a cobrar la deuda que le debe PDVSA y comercializar el petróleo venezolano en el mercado estadounidense después de cuatro años.
-La OFAC emitió una licencia que mantiene la protección de Citgo como activo de PDVSA, ¿cuánto más pueden irse dando esas extensiones?
-Las extensiones pueden mantenerse por varios años. No hay un plazo determinado administrativamente y el tema pasa a ser de tipo político. En los Estados Unidos se tomó la decisión de apoyar a Venezuela y dar una protección de esos activos. Sin embargo, esas protecciones no son eternas. Un principio básico de la economía y del gobierno norteamericano es que estas acciones están basadas en órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de los Estados Unidos. La realidad es que el gobierno trata de no hacer una inferencia demasiada profunda en lo que considera que son contratos privados, en este caso entre una República, una compañía nacional de petróleo y tenedores de bonos. Si uno preguntara en forma privada a los oficiales de la tesorería del gobierno de los Estados Unidos, ellos favorecerían que hubiera un acuerdo entre las partes para esta situación y sabemos que ha habido algunas gestiones en Houston con los tenedores de los bonos PDVSA 2020. La conclusión en este momento es que a lo largo del tiempo Citgo es un activo perdido y sobre eso hay fuertes implicaciones políticas porque la realidad es que el gobierno de los Estados Unidos no va a intervenir para que la protección de activos que ha venido otorgando a través de la OFAC sea eterna
-De todas esas obligaciones que tiene la República y PDVSA que comprometen a Citgo, ¿cuál es la de mayor riesgo?
-La de mayor riesgo y la más urgente en el corto plazo es la de Crystallex porque el juez Leonard Stark ha dado una autorización para que se realice una subasta pública en una venta de acciones para satisfacer lo que se le debe por la decisión de un arbitraje internacional que son más de 900 millones de dólares. Ese proceso ha avanzado a lo largo del tiempo. Se contrató un special master, que es un funcionario o ex juez designado por la Corte para manejar este proceso, se ha contratado a un banco de inversión y se tiene una fecha para esa subasta pública hacia mediados del año próximo, pero para poder realizarla se requiere una licencia de la OFAC. Vale decir que la protección de activos de la OFAC no ha cambiado porque la Corte ha dicho que se puede realizar la subasta y de hecho la Corte en torno a este tema difiere hacia el Poder Ejecutivo porque las órdenes y la legislación le permiten dar este tipo de protección porque están relacionadas a temas de seguridad nacional y política exterior. En tal sentido, el presidente de los Estados Unidos tiene el monopolio y las cortes no intervienen con algo que consideran de exclusividad del Poder Ejecutivo.
-Si se diera un acuerdo político entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, que tenga el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos. ¿Eso podría proteger a Citgo como un activo de PDVSA?
-Cuando comenzamos a sumar todos estos juicios estamos hablando de un monto entre 20.000 millones y 21.000 millones de dólares. El Gobierno de los Estados Unidos ha ayudado mucho a la República de Venezuela con esta protección de los activos simplemente porque a lo largo de los últimos años el valor de Citgo con una nueva administración y otros criterios comerciales ha subido mucho.
-¿Cuánto ha subido esa valoración?
-Si uno hablaba con alguien hace seis o siete años atrás se decía que Citgo tenía un valor inferior a 10.000 millones de dólares y ese valor ha subido a 13.000 millones o 14.000 millones de dólares y tiene en caja entre 3.000 millones y 4.000 millones de dólares. Está generando caja todos los trimestres y ha sido positiva su gestión.
-Citgo ha venido reportando ganancias en los últimos ejercicios. ¿Podría utilizarlas para honrar parte de esos compromisos o deudas por el riesgo que representan en el corto plazo?
-Citgo no puede sacar su caja para pagar algo de PDVSA o de la República. Lo que debería suceder de acuerdo a la estructura corporativa es que Citgo le pague un dividendo a Citgo Holding y este a su vez un dividendo a PDVSA Holding y este a PDVSA. En todos estos juicios que están en diferentes entidades y quien han iniciado estas demandas por falta de cobro no permitiría o buscaría frenar esa transferencia de dinero porque habría una pérdida neta de valor porque se rebaja la caja y se reduce el capital de la empresa. Lamentablemente no veo que la oposición ni la Asamblea Nacional de 2015 este debidamente organizada para atender un asunto de semejante complejidad en estos momentos.
María Corina y Maduro frente a los acreedores
-El equipo económico que acompaña a la precandidata María Corina Machado está haciendo un esfuerzo para hacer contactos con la comunidad financiera internacional. ¿Hasta qué punto esa propuesta es creíble?
-Creo que la iniciativa del equipo de María Corina es excelente en el sentido de que algo que ha faltado en la Asamblea Nacional de 2015 ha sido la un dialogo fluido con la comunidad de inversores internacionales y con los diferentes grupos de acreedores. El diálogo es positivo, sin embargo, lamentablemente hasta que no haya un acuerdo de entendimiento o político a cierto nivel, no hay mucho en términos prácticos que se pueda hacer porque se no se puede realizar una reestructuración, tampoco se puede hacer una promesa de pago y el dinero que se tiene ha quedado congelado en diferentes cuentas y es muy limitado.
-También por el lado del presidente Maduro se han hecho varios intentos –sobre todo desde que existen las sanciones- para enviar una propuesta y tener un diálogo con esos acreedores. ¿Hay algo en concreto o sencillamente el esquema de las sanciones y no reconocimiento por parte de Estados Unidos es la principal limitante para cualquier acuerdo?
-La ley aplicable con los acreedores es la del estado de Nueva York o términos federales de Estados Unidos y bajo esas legislaciones la administración de Maduro no es reconocida como un gobierno que representa a la República de Venezuela. Por consiguiente no tiene la capacidad legal de comprometer o firmar nada en nombre de la República o de PDVSA. Por consiguiente cualquier esfuerzo no tiene ningún tipo de validez, pero eso podría cambiar si hubiera cualquier tipo de acuerdo de tipo político entre los Estados Unidos y Venezuela. En el corto plazo no soy optimista de que vaya a haber algún tipo de entendimiento. En el corto plazo vamos a ver varias demandas adicionales, en las últimas dos semanas hemos visto dos demandas y la Asamblea Nacional de 2015 no emite una extensión de los tiempos legales.
-¿Qué implica esa extensión?
-Los tenedores de los bonos empezarán a perder derechos legales a lo largo del tiempo y la pregunta que se hacen es si la Asamblea General electa en 2015 va tomar alguna decisión
Eso está en el corto plazo caso porque comenzarán a perder los derechos legales sobre esas acreencias. La ley del estado de Nueva York permite que si alguien debe dinero y no hay demanda por falta de pago en un lapso de seis años se pierde el el derecho para tener acceso a las cortes y demandar por ese incumplimiento.
-¿Cuándo comienza ese vencimiento?
-En noviembre de 2023 cuando se estará llegando a los seis años desde que comenzó la cesación de pagos por parte de Venezuela. Ese es un tema urgente. Por eso digo que vamos a ver demandas si la Asamblea Nacional de 2015 no emite una extensión de los tiempos legales como sí hizo la administración de Maduro pero eso no tiene validez en Estados Unidos. El problema es que emitirlo estaría beneficiando a 10.000 millones de dólares en bonos que le pertenecen a personas sancionadas por la OFAC y hay otros 5.000 millones de dólares que provienen de dinero que se generó por presuntos casos de corrupción. Por lo pronto, los acreedores pueden perder ese derecho si no demandan y al mismo tiempo la deuda sigue creciendo a tasas elevadas por la cesación de pagos.
Biden y su apoyo a Chevron
-¿Es factible que el Departamento del Tesoro revierta la licencia que le otorgó a Chevron a finales del año pasado y que ha permitido que el petróleo venezolano nuevamente regrese al mercado estadounidense?
-Creo que no porque la burocracia del gobierno americano para llegar a la licencia de Chevron hizo lo que se denomina un proceso entre las diferencias agencias donde se recibieron opiniones del Departamento de Comercio, Departamento de Energía y Departamento de Estado. Al final se llegó a un consenso sobre lo que se iba a hacer. Eso fue un gran esfuerzo de la administración de Joe Biden. Además de esto, estamos frente a una danza de millones de dólares, donde Chevron –según mis cálculos- se está cobrando aproximadamente 100 millones de dólares por mes. Lo que sí podría hacer el gobierno de Biden y sería el próximo paso si la administración Maduro insiste en esa posición que tomó recientemente con la inhabilitación a María Corina Machado es aumentar las sanciones individuales o incluso algo muy específico o puntual en el tema de la minería ilegal o el oro. Creo que la ventana de Chevron, una vez que se abrió, estará abierta por mucho tiempo. Por otra parte, hay mucho interés por parte de los europeos para que esa ventana se siga abriendo sobre todo en el sector de gas natural con el proyecto que está cercano a Trinidad y Tobago.
-¿Cualquier acuerdo o negociación entre los dos países tendrá que esperar a un nuevo gobierno que se instale en enero de 2025 en los Estados Unidos?
-Creo que la dinámica electoral de los Estados Unidos pone ciertos límites y aún cuando Biden quisiera tener personalmente una preferencia hacia cierto entendimiento o flexibilización creo que es dinámica se frenó y resulta muy difícil ver que algo de esa naturaleza ocurra como el que comenzó en 2022. Desde el punto de vista de la administración Maduro se perdió una venta de oportunidad de hacer un progreso que pudo haber sido más significativo al que ha habido hasta ahora y hubiera beneficiado a Venezuela porque los niveles de producción hubieran aumentado aún más.
PUBLICADO: 31 de julio de 2023
