Chevron apunta a pagar 35% por regalía más impuesto integrado en Venezuela

Dos de las tres empresas mixtas en las que Chevron tiene participación en Venezuela, que en conjunto están aportando una producción por el orden de 260.000 barriles diarios, apuntan al pago de una alícuota agregada por concepto de regalía e impuesto integrado de hidrocarburos (IIH) de 35%.
Esto implica que la empresa estadounidense se anota una reducción en la tasa de regalía de 30% a 20% y adicionalmente se ahorra cumplir con contribuciones parafiscales y una serie de cargas fiscales como los llamados impuestos superficial, de extracción y consumo, que constituían un recargo sobre las obligaciones tributarias o la misma regalía y que fueron derogados en la reforma que se aprobó en enero pasado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
En cambio, Chevron sí comienza a pagar una alícuota de 15% por concepto del IIH, cuya base imponible parte de los ingresos brutos mensuales que reporten las empresas mixtas en las cuales Chevron tiene participación como son Petro Boscán, Petro Piar y Petro Independencia. En este último se prevé que la alícuota agregada no sea de 35% sino más bien de 30% con posibilidad de reducirse a 25%.
Chevron también tiene la opción de una disminución adicional en la alícuota agregada de hasta 5% en caso que presente un plan de negocios asociado a la ampliación o construcción de plantas de transformación, mejoramiento y refinación de crudos.
Por otro lado, estas disposiciones no escapan a que Venezuela sigue estando bajo las sanciones de los Estados Unidos y las disposiciones que establecen las licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).
Por ejemplo, en el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, así como en las Normas para la Determinación, Declaración y Pago del IIE, se delega a las empresas mixtas fungir como agentes de retención de este impuesto, pero la actual restricción de la OFAC prohíbe todo cargo correspondiente a este tributo a cualquier entidad del Gobierno venezolano y más bien impone que esta obligación se cancele en la cuenta custodia administrada por esta instancia del gobierno estadounidense.