Las acciones de lobby ante el Departamento del Tesoro y la OFAC enfrentan a Crystallex y las autoridades nombradas por la Asamblea Nacional (Foto US Treasury)
El juez principal Leonard Stark del Tribunal de Distrito en Delaware tomó la decisión en avanzar en el reclamo de la empresa Crystallex para que tome posesión de la filial PDV Holding y de esa manera de Citgo con el fin de cobrar 1.200 millones de dólares que le debe el Estado venezolano por una sentencia que la favoreció en un proceso de arbitraje. Sin embargo, esta compañía minera y las autoridades designadas por la Asamblea Nacional deberán medir su poder influencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Una reseña de la agencia de noticias Associated Press reseñó la decisión del juez Stark con el título “Juez levanta la venta de las refinerías de Venezuela en Estados Unidos”. Por supuesto, esa nota tuvo repercusión internacional al punto que obligó a la Procuraduría especial a través de su cuenta en la red social Twitter a emitir un mensaje de respuesta: “es falso que la Corte de Delaware haya ordenado la venta de acciones de PDV Holding, Inc. Solo ordenó reanudar el juicio intentando por Crystallex”. https://twitter.com/DeProcuraduria/status/1264010511609475072?s=20
En un segundo mensaje – o trino- no obstante, ese despacho reconoce que la decisión de Stark implicaría una restricción al control que tiene la junta de administración ad hoc de Petróleos de Venezuela a través de PDV Holding. “La Corte de Delaware demandó el embargo de acciones de PDV Holding, Inc., debido a la expropiación acordada por el régimen de Chávez. La Oficina del Procurador Especial seguirá ejerciendo todas las defensas necesarias”, puntualiza el mensaje. https://twitter.com/DeProcuraduria/status/1264004948163006471?s=20
La Procuraduría argumenta el criterio que predomina desde diciembre de 2019 con una decisión de la OFAC que prohíbe enajenar activos de PDV Holding y Citgo, es decir vender o ceder la propiedad de acciones, en este caso de la empresa de refinación y de esa manera evitar que Venezuela pierda este activo y que Crystallex cobre lo que le debe el Estado venezolano. Por cierto, esa decisión de esta oficina del Departamento del Tesoro aplicaría también para los tenedores del bono PDVSA 2020.
“Debe recordarse que de acuerdo con la interpretación del 9 de diciembre de 2019 dictada por la OFAC, ningún acreedor puede ejecutar medidas de embargo en contra de Citgo”, indica la Procuraduría en un mensaje en Twitter que posteriormente fue replicado por el dirigente Carlos Vecchio, en su condición de embajador de Venezuela en Estados Unidos nombrado por la Asamblea nacional y reconocido por el gobierno de Donald Trump .
El representante diplomático, ha emitido sucesivos mensajes vinculados a su gestión en este caso y la acción que continuará ejerciendo.
“Ya habíamos notificado a la Administración de Estados Unidos la posible reanudación del juicio, y hemos solicitado su participación a los efectos de ratificar la medida de protección establecida en la Orden Ejecutiva y en las directrices de OFAC”, informó el embajardo Vecchio. Desde el Gobierno Interino hemos hecho lo posible para proteger CITGO. Está protegida gracias a una medida del Gobierno de los Estados Unidos. Nadie puede embargarla sin su autorización . Y seguiremos ejerciendo las acciones legales pertinentes”, acotó.
https://twitter.com/carlosvecchio/status/1264203351853617161?s=20
Estas posiciones se juntaron en un comunicado emitido por el Centro de Comunicación Nacional, que funge como organismo de difusión de la representación ejecutiva a cargo del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, aunque este texto incorpora un mensaje adicional que intentan señalar que la decisión del juez Stark estaría dentro de lo previsto por la estrategia legal.
“Este proceso aprobado por un tribunal de Delaware es la consecuencia legal que ya teníamos prevista y que era el paso correspondiente tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos; aun el juicio permanece en marcha y a la espera de los próximos acontecimientos”, señala el centro de divulgación a nombre de la administración de Juan Guaidó.
Por el lado de Crystallex, la actuación de orienta a señalar a los representantes de la OFAC que una decisión del Poder Judicial de los Estados Unidos, que encima ha pasado por la Corte Suprema de ese país, no puede ser contravenida por una orden administrativa adoptada por una dependencia del Departamento del Tesoro.
Las acciones de lobby para influir sobre la OFAC están ya preparándose. Por un lado los abogados de Crystallex, que gestionan ante la OFAC una licencia específica para concretar el embargo; y por el otro, los representantes de la junta de administración ad hoc de PDVSA y la Procuraduría especial.
Arbitrariedad y piratería
El gobierno de Nicolás Maduro a través del Ministerio de Petróleo emitió un comunicado también cuestionado la decisión del tribunal de Delaware, el cual califican como “acto de arbitrariedad y piratería moderna”, pero en su crítica acusa a la oposición venezolana de actuar ilegalmente como representes de Venezuela ante el Poder Judicial de los Estados Unidos y hace su principal señalamiento contra el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y el procurador especial José Ignacio Hernández.
“Queda clara la existencia de un plan por parte del gobierno estadounidense de confiscar los activos de PDVSA en Estados Unidos; y para tales fines, han delegado en el diputado Juan Guaidó y sus cómplices, el establecimiento de una fraudulenta representación de la República y de PDVSA, que no sólo es ilegal, sino que actúa en detrimento del interés nacional, en beneficio de las intenciones injerencistas”, dice el texto del Ministerio de Petróleo. “Venezuela ha denunciado el gravísimo hecho de que el abogado que fraudulentamente pretende representar a la República, en realidad ha trabajado como asesor jurídico de la empresa Crystallex, y es quien ha impulsado la tesis según la cual se pretende confundir como uno solo el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela y el patrimonio de PDVSA”, acota.
Con respecto a Crystallex, se cuestiona que esta empresa minera pretenda ejecutar un laudo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro International de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) a partir de una reclamación contra el Gobierno venezolano, aun cuando “ni PDVSA, ni Citgo, ni PDV Holding son deudores de Crystallex ni fueron sujetos del procedimiento ante el Tribunal Arbitral del CIADI”.
También se exhorta a los inversionistas a “permanecer muy atentos a este caso” porque según argumentan es un ejemplo de las acciones que el gobierno de los Estados Unidos está adoptando contra Venezuela; y se asegura que se continuará en defensa del patrimonio del país.
PUBLICADO: 23 de mayo de 2020
