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Todo indica que Biden espera que sea Kamala Harris a partir de 2025 a quien corresponda afrontar el caso Venezuela (Casa Blanca)
El cuestionamiento a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, lejos de resolver el problema político de Venezuela, ha agravado la situación y el gobierno de Joe Biden se enfrenta nuevamente a las gestiones a favor y en contra de mantener el actual status quo, marcado por una flexibilización mediante el otorgamiento de licencias.
El equipo legal y los lobistas de Chevron defienden el esquema actual -vigente desde noviembre de 2022- con la Licencia General Nº 41 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) y que reactivó las exportaciones de crudo y combustibles hacia los Estados Unidos al punto que alcanzaron récord de despachos en año y medio de flexibilización.
La narrativa del presidente Nicolás Maduro es diferente al de otros momentos en su referencia a los Estados Unidos. Si bien acusa al gobierno norteamericano de los actos de violencia y de estar detrás de un intento de golpe de Estado con el reclamo que se hace a favor de la presentación de actas y que la información favorece al candidato Edmundo González Urrutia; el mandatario, al mismo tiempo, elogia los acuerdos con las empresas transnacionales, comenzando por Chevron.
“A los inversionistas de los Estados Unidos les digo: aquí hay inversión segura, ya firmamos los contratos para producir petróleo y gas natural con inversionistas de Estados Unidos, España, Italia, Francia, Reino Unido. Seguiremos trabajando, si quieren no nos hablamos y los gobiernos nos peleamos, pero las relaciones económicas y las inversiones seguirán”, dijo Maduro en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros.
Sectores de la oposición, sin embargo, encabezados por dirigentes en el exilio, sobre todo del partido Voluntad Popular, intentan reactivar los estrechos vínculos que tuvieron con el Departamento de Estado y la OFAC en los momentos del gobierno interino con el fin de no solo frenar la flexibilización de sanciones sino regresar a un escenario más radical al que se impuso en enero de 2019.
“Yo sé que hay a quienes no les gusta las sanciones; pero luego de la amenaza y orden de Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) para meter preso a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, hay que lograr que lluevan sanciones”, afirmó el dirigente Leopoldo López en un mensaje que escribió en la red social X.
La dirigente María Corina Machado ha tenido una posición diferente a la de López en el último año. Si bien no es partidaria de un levantamiento de sanciones, es del criterio de mantener la presencia y permitir las operaciones de Chevron en Venezuela.
Por lo pronto, la información que proviene del sector energético en los Estados Unidos indica que el gobierno de Biden no flexibilizará las medidas, pero tampoco prevé derogar los permisos que ha otorgado y en los criterios hay dos factores que pesan: uno energético, como es la necesidad de suministros de crudo sobre todo para el sistema de refinación al sur de los Estados Unidos para evitar las presiones sobre precios que afronta la demanda; y el segundo geopolítico, hacer un contrapeso a los nexos de Maduro con los gobiernos de Rusia e Irán.
“A los Estados Unidos le conviene que en Venezuela se hable del efecto Chevron sobre la economía porque eso demuestra el peso que se tiene y quizás por eso ahora escuchamos al presidente Maduro elogiando las relaciones económicas con transnacionales norteamericanas”, dijo una fuente del sector energético vinculada a estas firmas.
Todo indica que Biden deja las cosas como está y espera que sea Kamala Harris a partir de 2025 a quien corresponda afrontar el caso Venezuela, aunque también está la posibilidad que esa responsabilidad competa a Donald Trump en un segundo mandato.
PUBLICADO: 15 de agosto de 2024