Juan Guaidó: “Queda la opción legal de la apelación” (Foto Asamblea Nacional)
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que no hay riesgo de que se pueda perder la empresa Citgo luego que se conoció la sentencia que reconoce la legalidad de los bonos PDVSA 2020 y ordena a las autoridades de Petróleos de Venezuela pagar un monto de capital por el orden de 1.683 millones de dólares más intereses y gastos procesales del juicio.
La protección de Citgo básicamente está dada por la restricción que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro que mantiene hasta el 19 de enero de 2021 la prohibición de ejecución de ordenes judiciales por parte de los acreedores, y también dependerá de las acciones que concrete el parlamento: si opta por negociar con los acreedores o extender el litigio.
“Queda la opción legal de la apelación y Citgo continúa bajo la protección de la OFAC”, dijo Guaido como reacción a la sentencia. “La decisión en primera instancia de un tribunal en Estados Unidos sobre los llamados bonos 2020 es consecuencia de la irresponsabilidad de la dictadura”, acotó.
El comunicado emitido por la presidencia de la Asamblea Nacional bajo la figura de Gobierno interino de Venezuela se contradice porque por un lado reitera la ilegalidad de los referidos títulos pese a que el fallo de la jueza Katherine Polk Falla señala que se ajustan a la legislación del estado de Nueva York y de Estados Unidos, pero también se asegura que no se pretende “repudiar” esta obligación.
“Insistimos que la emisión de estos bonos PDVSA 2020 – poniendo como colateral las acciones de PDV Holding, cuya única propiedad es Citgo- es absolutamente fraudulenta tal como lo dictaminó la Asamblea Nacional el 27 de agosto de 2016, mediante la aprobación de un acuerdo que expresa de manera clara que esta condición del colateral es ilegal en vista de que no fue aprobada por el parlamento tal como lo establece la Constitución”, indica el comunicado.
Al final del comunicado se agrega un párrafo que a criterio de agentes financieros y abogados contradice el argumento de la presunta ilegalidad. “Queremos recordar que en ningún momento hemos pretendido repudiar esta deuda”, indica el texto elaborado por el equipo de redacción del Centro de Comunicación Nacional que representa a Guaidó.
Sentencia incongruente y errada
El ex procurador especial José Ignacio Hernández tras conocerse la sentencia emitió un escrito en el que señala que la Corte trató los alegatos de los demandantes fue “incongruente” e indica que “demuestra el error de la sentencia”. Estos argumentos forman parte de las consideraciones que se evalúan para determinar si finalmente la Asamblea Nacional y la junta de administración ad hoc de PDVSA finalmente se deciden por la apelación de la sentencia.
“La sentencia desconoce el contenido y alcance de los acuerdos de la Asamblea Nacional dictados en relación con los bonos en contra del principio de acuerdo con lo cual las cortes de Estados Unidos no pueden revisar, cuestionar o desconocer actos oficiales de gobiernos extranjeros; y de manera contradictoria negó la relevancia del derecho venezolano en estos contratos”, indicó el escrito de Hernández. “La decisión de desconocer el derecho venezolano, además de contradecir el razonamiento de la propia sentencia, es errada pues PDVSA no puede sustraerse del derecho público venezolano al celebrar operaciones de crédito público”, añade.
Explica que la decisión de la jueza se remitió solo a considerar la legislación de Nueva York y omitió que la operatividad de la estatal petrolera se rige por normas constitucionales y legales de Venezuela.
PUBLICADO: 18 de octubre de 2020
