José Ignacio Hernández: "He sido difamado y sometido al escarnio público"

Por Andrés Rojas Jiménez|

El procurador especial designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, reitera que la Orden Ejecutiva 13.884 del presidente Donald Trump del 5 de agosto protege cualquier activo que tenga el Estado venezolano en Estados Unidos, incluida Citgo; niega que en su actuación frente al reclamo de Crystallex exista conflicto de intereses; y denuncia que en las acusaciones que ha recibido se ha incurrido en los delitos de difamación e injuria.
La Orden Ejecutiva no prohíbe que empresas en Venezuela importen bienes y servicios desde los Estados Unidos, siempre y cuando no tengan contacto alguno con el gobierno de Maduro. 

-¿Por qué con esta nueva Orden Ejecutiva del presidente Trump se garantiza la protección de los activos sobre todo frente al reclamo de Crystallex y los tenedores de los bonos PDVSA 2020?

-La sección primera de la Orden Ejecutiva, en su literal A, bloquea todas las propiedades del Gobierno de Venezuela en Estados  Unidos, todas sin excepción; y luego en la sección sexta, al final establece que esa prohibición aplica mas allá de cualquier licencia que se hubiese podido otorgar en el pasado. Cuando se analiza esas dos normas, y se toma en cuenta que según el gobierno de Estados Unidos el propósito de esta Orden Ejecutiva es proteger los activos de Venezuela para que puedan ser destinados a la emergencia humanitaria compleja, es posible concluir entonces que:  primero, que todos los bienes propiedad de Venezuela sin distingo están bloqueados en Estados Unidos; segundo, por lo tanto todas las propiedades de PDVSA en Estados Unidos están bloqueadas y eso se extiende a Citgo; tercero, como consecuencia de este bloqueo no es posible vender, ceder, traspasar, gravar, ejecutar, embargar ninguno de estos activos que han sido congelados; y por último, en la medida que esta prohibición aplica sin perjuicio de lo señalado en licencias anteriores, lo razonable es concluir que la Licencia General No. 5, que permite a los tenedores del bono PDVSA 2020 tomar control de Citgo en caso de incumplimiento de ese bono, no lo podrán hacer porque ahora aplica de manera plena la prohibición establecida en la sección primera de la nueva Orden Ejecutiva. Esa es en resumen la explicación.

-¿Quiere decir que ya Crystallex y los tenedores del Bono de PDVSA 2020 no podrán solicitar el embargo de Citgo?

-Ese es el principio general porque las propiedades están bloqueadas. Cuando se bloquean propiedades en Estados Unidos por sanciones es como si las pusieran en el congelador porque nadie puede hacer algo con esas propiedades. El único que pudiese utilizar o disponer de esas propiedades es el legítimo gobierno de Venezuela del presidente Juan Guardó.

-¿Quiere decir -como han sido todas las órdenes ejecutivas desde enero de este año- que la administración Trump solo reconoce como legitimo al gobierno de Guaidó?

-Sí, pero no solo por eso. Sino también porque se dio la Licencia General No. 31, que exceptúa al gobierno de Guaidó de esas prohibiciones, entonces en ese caso si puede hacerlo.

Con esta Orden Ejecutiva, ¿pierde sentido gestionar la solicitud de protección de activos como ocurrió con el caso de Irak?

-Yo no he cesado en mis peticiones por consolidar y reforzar esta protección de activos y no descartamos ninguna opción, ni siquiera la del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

-¿La opción del Consejo de Seguridad de la ONU fue la que se utilizó con Irak?

-Sí. Tengo ya tiempo estudiándola. En ese caso fue el Consejo de Seguridad el que autorizó medidas o acciones en contra de Irak, y en el marco de esas medidas acordó el congelamiento de sus bienes; y ese aplicó a nivel mundial. En Venezuela, el caso no ha sido decidido por el Consejo de Seguridad, ni ha adoptado ningunas medidas en el marco de la carta de la ONU; entonces en este caso hay que explicar la diferencia entre lo que ocurrió con Irak.

-Se le critica que no haya solicitado la medida de protección de activos.

-Lo que no entiendo es porqué se insiste en eso, cuando hemos logrado con esta Orden Ejecutiva la protección de activos. Nos habían criticado que no teníamos la Orden Ejecutivo para proteger activos, ahora que se obtuvo se cuestiona.

-¿Considera que esas críticas no tienen sentido?

-Sin duda. Quien propuso la idea o tuvo la tesis de una Orden Ejecutiva como solución a la crisis venezolana es Lee Buchheit en el año 2016, antes de que se comenzara a hablar de esto. Lee Buchheit es el asesor de nosotros ahora, ha venido trabajando con nosotros todo este tiempo explicando a las autoridades americanas el porqué de una orden ejecutiva. El propio Lee Buchheit, cuando salió esta orden ejecutiva dijo: Esto es lo que nosotros estábamos buscando exactamente, como es el bloqueo total y absoluto de los activos de Venezuela en Estados Unidos.

-¿Es un embargo contra Venezuela?

-Creo que hay una desinformación de mala fe cuando se dice que es un embargo contra Venezuela. Lo que esta Orden Ejecutiva prohíbe es que una empresa tome control de activos de Venezuela, o que Maduro disponga de activos de Venezuela en Estados Unidos. Esta es la medida de protección de activos que estábamos solicitando.

-¿Por qué esta orden ejecutiva no debe asumirse como un embargo?

-Un embargo prohíbe totalmente operaciones de importación y exportación con un país, y esta medida no prohíbe eso. Esta medida lo único que prohíbe es que empresas americanas negocien con Maduro.

-¿Quiere decir que es falso que esta Orden Ejecutiva perjudica al sector privado como señala el discurso del gobierno de Maduro?

-Lo que ha dicho el régimen de Maduro, y quienes actúan como agentes de Maduro, es que esto es un embargo total. Por cierto, el economista Francisco Rodríguez lo ha aclarado en estos días. En todo caso, eso de que esta Orden Ejecutiva es un embargo es mentira, esto solo afecta operaciones con el gobierno de Maduro. Obviamente eso puede tener impactos negativos sobre terceros porque este tipo de sanciones genera dudas, inconvenientes prácticos, y eventualmente alguna operación podrá verse afectada. Pero mas allá de lo que pudiese ser la implementación de esas medidas, nosotros estamos trabajando para reducir los efectos al mínimo. La Orden Ejecutiva no prohíbe que empresas en Venezuela importen bienes y servicios desde los Estados Unidos, siempre y cuando no tengan contacto alguno con el gobierno de Maduro.

El Testigo Experto

-¿Cuál fue su actuación con Crystallex?

-Lo aclaro otra vez. En el año 2017 yo preparé un dictamen de experto independiente del derecho venezolano como propuesta de los abogados de la empresa para explicar cuál es el régimen jurídico de PDVSA y como el régimen de Hugo Chávez había violado la Constitución y las leyes al violentar la autonomía de PDVSA. Ese fue un dictamen estrictamente basado en el derecho venezolano e independiente.

-¿Qué quiere decir con estrictamente basado en el derecho venezolano e independiente?

-Cuando digo que es estrictamente basado en el derecho venezolano quiero decir que nunca analicé la tesis de alter ego ni los méritos o no de los argumentos del derecho americano. Yo solo expliqué al juez el derecho venezolano; y luego es independiente porque yo nunca defendí o promoví los intereses de esa empresa, ni defendí o promoví los intereses de PDVSA o de la República, es decir, yo no me metí en el juicio. Debo decir que ese dictamen es público, nunca analicé el caso de Crystallex y los abogados me llamaron porque yo había venido explicando como Chávez y Maduro destruyeron la autonomía de PDVSA y desviaron ingresos petroleros a través del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional). Yo he venido estudiando toda la discusión del tema petrolero, y en 2016 publiqué un libro sobre petróleo (El pensamiento jurídico venezolano en el Derecho de los hidrocarburos) donde analizo esa destrucción. Los abogados de esta empresa me dijeron que leyeron el libro, les gustó y me pidieron si yo podía explicarle al tribunal exactamente sobre la destrucción institucional de PDVSA, y eso fue lo que yo expliqué. Nunca hablé de Crystallex y si se le debía plata. Ese no era asunto mío, y para ser sincero y honesto no me leí la demanda de Crystallex para no contaminar mi opinión. Eso fue lo que yo hice. Después de eso no supe más del caso.

-Pero el caso ahora tiene notoriedad por la decisión de un tribunal en Estados Unidos que abre la posibilidad de que PDVSA pierda a Citgo.

-Cuando mi nombre empieza a sonar como procurador, yo hablo con el embajador Carlos Vecchio, quien era mi contacto diario en febrero, y le preparo un memo en el que le informo que hasta diciembre de 2018 yo fui socio de un escritorio jurídico, luego me separé y le dije de los casos que yo conocía y que había sido testigo independente en casos que son problemáticos, como es el de Crystallex. Nunca fui abogado de la empresa, y señalé que si llegase a haber algún conflicto yo me separaba del cargo. A comienzos de marzo, cuando el caso de Crystallex empezó a ser relevante para el gobierno del presidente Guaidó, cuando empezó a darse la posibilidad de que el gobierno pudiese estar en posición de asumir la defensa de ese caso, me separé para evitar cualquier mal entendido y mi único contacto con ese caso ha sido cumplir deberes de información pública. En resumen, esa fue mi conexión con ese caso. Lo que ha ocurrido es que he sido difamado según el Código Penal, he sido sometido al escarnio público y se ha pretendido dar a entender que como yo fui testigo experto en 2017 el juicio se perdió por mi culpa. Eso mismo es lo que dice el régimen de Maduro, no sé si por casualidad o por coordinación; pero esa es otra mentira porque la sentencia de ese caso salió en agosto de 2018, cuando estaba Maduro en el poder, y Maduro firma una transacción con la empresa en septiembre de 2018.

-¿Se refiere al acuerdo en el que se aceptó hacer un primer pago por encima de 400 millones de dólares?

-Por supuesto. Como una muestra de que yo he actuado en este caso sin pretender beneficiar nunca a esa empresa, cuando el caso de Crystallex comenzó a ser relevante, los abogados me llamaron a una reunión, yo los oigo y les dije que yo me tenía que inhibir de ese caso, que debía hablar con el embajador Vecchio y que le iba a pedir a un miembro de mi equipo que se encargue. En esa reunión me enteré no solo que Maduro había firmado una transacción en septiembre de 2018, reconociéndole a Crystallex casi 1.400 millones de dólares; y el señor Maduro dijo en cadena nacional que ellos estaban ganando ese caso y que lo perdieron por mi culpa y es lo mismo que ha dicho el ingeniero litigante. La verdad es que el caso se perdió en agosto de 2018 y en septiembre se firmó una transacción que el reconocieron a Crystallex un pago por 1.400 millones de dólares, le pagaron 425 millones de dólares, pero lo más irregular es que hay una denuncia del propio régimen de Maduro de que la empresa había falsificado una transacción, que había cambiado la transacción. Cuando yo me separé del caso el 11 de marzo de 2019, eso se lo informé al embajador Vecchio, se remitió a la Asamblea Nacional que había un problema con esa transacción y que había que denunciarlo porque nunca fue controlada por la Asamblea. La República dispuso de 425 millones de dólares sin presupuesto, y encima hay una denuncia de falsificación o modificación de la transacción.

-¿Usted estuvo también como perito en un caso de arbitraje de Owens Illinois?

-Si ese es otro caso de arbitraje.

-Se lo pregunto porque he visto una mezcla de los dos casos en las críticas que se le han hecho, y en el caso de Owens aparece su opinión por inconstitucional en la expropiación que ordeno el presidente Hugo Chávez

-En ese caso sí hablé de expropiación.

-¿Se refiere a todo el proceso de estatizaciones y expropiaciones que llevo adelante el presidente Chávez a partir de 2007, que muchos abogados calificaron de ilegal e inconstitucional?

-Claro. Yo como profesor universitario denuncié esas expropiaciones, escribí libros y di ponencias sobre esa materia. Esa es otra cosa insólita de lo que se ha dicho contra mí por haber denunciado la inconstitucionalidad de esas expropiaciones afectando patrimonio del Estado, entonces eso quiere decir que he debido defender la ilegalidad de esas expropiaciones y defender a Maduro. Eso es absurdo. En el caso de Owens, en el año 2013 yo di un testimonio experto, y eso es opinión pública, explicando la inconstitucionalidad del decreto de expropiación de Owens Illinois. Yo no fui abogado de la empresa, ni promoví sus intereses, y luego la empresa ha demandado, pero yo no he tenido que ver con esos casos.

-Se ha señalado que usted recibió un pago para embargar a Citgo.

-Eso es absolutamente falso. Esa empresa (Owens Illinois) realizó un pago, que no fue para mi, sino para el escritorio jurídico en el cual yo era socio para ese momento, para rendir el testimonio experto explicando la inconstitucionalidad de la medida de expropiación de acuerdo al derecho venezolano.

-Se ha indicado incluso el monto.

-Se pretende dar un tubazo con el monto que le pagaron al escritorio. Eso es información pública en los procesos de arbitraje internacional. Lo que sería interesante, en todo caso desde el punto de vista periodístico, es comparar ese monto con lo que cobraban los testigos del lado privado y cuanto cobraban los testigos del lado del gobierno.

-En todo proceso de arbitraje internacional está la parte demandada, que es el gobierno, y la demandante, que son las empresas afectadas.

-En ese proceso está presente la figura del testigo experto y todo eso es público. En el caso de Owens, por el lado del gobierno de Maduro, fue Jesús Eduardo Cabrera, quien fue magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y eso es perfectamente razonable y respetable, pero yo nunca hubiera aceptado dar un testimonio experto para explicar la constitucionalidad de las arbitrariedades de Maduro y de Chávez porque mis principios éticos me lo prohíben.

-¿A qué atribuye estas críticas que ha recibido?

-No son críticas. A mí las críticas no me importan. Por el contrario, sigo el método socrático que dice que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. La crítica y el cuestionamiento me permiten rectificar y mejorar; y como decía Thomas Jefferson todo el que ejerza una función pública en cierto modo es propiedad pública y debe dar cuenta de sus acciones. Eso a mí no me molesta, sino que me halaga, pero estos no son críticas. Si se le pregunta a cualquier profesor de Derecho Penal dirá que es una campaña de difamación en mi contra, donde se me ha dicho ladrón, corrupto, vende patria, promovida por alguien que está vinculado, según entiendo, al partido político de Henri Falcón. Eso no es una crítica, sino una campaña de injurias y difamación. ¿A qué se debe? No lo sé. Ni idea. Serán ellos quienes deban responder a esa pregunta.

-¿Se incurrió en conflicto de intereses?

-Nunca hubo conflicto de intereses. En el caso de Crystallex yo actúe como testigo experto independiente, y el testigo experto independiente no defiende intereses de partes. Para que haya conflicto de intereses lo primero que debe haber es un interés, y yo cuando actúe como testigo experto en ese caso no apoyé ningún tipo de interés. Algo que no se dice es que cuando se promueve un testigo experto, el juez o el tribunal debe acreditar que es independiente y hay veces que se cuestiona la independencia del testigo experto.

-¿Qué ocurrió en este caso?

-A mí el chavismo me cuestionó, y el tribunal desechó ese argumento y respondió que José Ignacio Hernández es profesor universitario, tiene obra escrita y publicada en la materia, estaba en ese caso para explicar al tribunal. Fue ese tribunal arbitral el que dijo que yo era testigo experto independiente, no porque lo diga yo, sino un tribunal arbitral y una corte en los Estados Unidos. Pero además yo me separé de esos casos porque nunca hubo conflicto de intereses. Si lo hubiera habido nunca afectó la toma de decisiones. En el caso de Crystallex, cuando el gobierno del presidente Guaidó fue reconocido y se dió esa transición, ese caso estaba terminado en cuanto a sus alegatos. Si se hubiese ganado la apelación, hubiera ganado la estrategia de Maduro y no la de Guaidó; y si se hubiera perdido, como ocurrió, la perdió Maduro y no el presidente Guaidó. Por eso es que, dentro de la mentira, es más falso decir que el caso se perdió por ese supuesto conflicto de intereses. No hubo conflicto de interés y no se perdió por nada que hizo o dejó de hacer el gobierno del presidente Juan Guaidó. Ese fue un caso cuya estrategia no diseñó el presidente Guaidó y además algo que afectó mucho en el proceso fue la transacción que firmó el régimen de Maduro, porque una de las cosas que dijeron los jueces fue que el mismo gobierno de Maduro reconoció que le debía dinero a Crystallex y que se podía avanzar más rápido. Entonces, a decir verdad, ese caso se perdió por culpa del señor Nicolas Maduro.

-¿Con eso quiere decir que Citgo no está perdida?

-Citgo no está perdida porque tenemos la Orden Ejecutiva que nos protege y en el caso Crystallex, aunque yo estoy separado de ese caso, cualquiera podria decir que cabe un recurso de reconsideración ante el propio tribunal de Delaware o la Corte Suprema. Eso es un conflicto judicial que pudiera entenderse no solo meses sino incluso años. 
 

(La entrevista fue publicada originalmente para HispanoPost https://www.hispanopost.com/he-sido-difamado-y-sometido-al-escarnio-pubi... )