OFAC ha renovado 14 veces en cinco años permiso a contratistas de EE.UU. para seguir en Venezuela

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) en cinco años de sanciones contra el sector petrolero de Venezuela se anota 14 renovaciones a la Licencia General 8 que permite a cuatro empresas norteamericanas de servicios en el sector de los hidrocarburos permanecer en el país sudamericano pero con restricciones.
En tal sentido, ahora la OFAC emitió la Licencia General 8N que reemplaza a la 8M con una vigencia hasta la medianoche del viernes 15 de noviembre de 2024, por cierto tres días después de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.
Todo indica que mientras persistan las referidas sanciones por parte del Gobierno estadounidense, este organismo está dispuesto a agotar las letras que tiene el abecedario en inglés para mantener las operaciones de Halliburton,
Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, que solo tienen permiso para realizar transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la
preservación de activos en Venezuela, realizar pagos de facturas a terceros por actividades autorizadas e incurridas antes del 21 de abril de 2020, pagos de impuestos locales, adquisición de servicios públicos y pago de salarios a empleados y contratistas.
La licencia general no autoriza la perforación, elevación o procesamiento, compra o venta, o transporte o envío de cualquier petróleo o productos derivados de origen venezolano, la provisión o recepción de seguros o reaseguros con respecto a las transacciones vinculadas con el sector de los hidrocarburos, el diseño, construcción, instalación, reparación o mejora de cualquier pozo, instalaciones o infraestructuras en Venezuela y la compra o provisión de cualquier bien o servicio excepto cuando sea necesario por motivos de seguridad.
Tampoco permite la contratación de personal o servicios adicionales, el pago de cualquier dividendo, incluso en especie, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier entidad en la que la empresa estatal posea directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más. Tampoco les permite cualquier transacción o trato relacionado con la exportación o reexportación de diluyentes, directa o indirectamente, a Venezuela, préstamo o acumulación de deuda adicional o subsidio con PDVSA.