La empresa Petroperú informó que retiró a sus trabajadores de la zona afectada por un atentado contra el ramal norte del oleoducto norperuano para salvaguardar su seguridad e integridad luego que autoridades y pobladores de la comunidad de Jerusalén y Nuevo Progreso retuvieran ilegalmente y agredieran físicamente a una comisión de representantes de la PCM, la empresa y la Policía Nacional.
El hecho se produjo durante una inspección que la comisión realizaba a las barreras de contención instaladas en la quebrada Saramiriza, dado que habrían sido removidas deliberadamente por personas no autorizadas, generando de esta manera que el crudo continúe expandiéndose y pueda impactar al río Marañon.
La empresa alega que a pesar de sus esfuerzos por controlar la situación a través del diálogo, la población continúa impidiendo el reinicio de las actividades de contención y recuperación de crudo, condicionándolas al cumplimiento de sus exigencias, tales como la contratación de una empresa local y el pago de jornales elevados, lo que contraviene la política de la empresa.
El comunicado de Petroperú explica que la empresa continúa coordinando con el Ministerio del Interior y el Ministerio Público para obtener las garantías del caso, se restaure el orden y paz social y con ello salvaguardar al ambiente y a las comunidades aledañas.
Al final del documento Petroperú invoca a los pobladores –en beneficio de su propia salud y seguridad– a deponer sus medidas de fuerza y retomar el diálogo a fin de restaurar el entorno a sus condiciones habituales en el más breve plazo posible.
En una entrevista con Radio Nacional FM de Perú, Beatriz Alva, vocera de la empresa afirma que: “existe evidencia fílmica y fotográfica de que son los mismos pobladores que no nos dejan hacer el trabajo de contención, sino que además nos detienen, nos llevan al calabozo y nos golpean”.
PUBLICADO: 26 de junio de 2019