Transparencia anunció creación del Consejo Ciudadano por el Combustible para denunciar ventas ilegales

La organización Transparencia Venezuela informó que la Coalición Anticorrupción en Lara, integrada por 112 asociaciones de la sociedad civil, y la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara) decidieron conformar el Consejo Ciudadano por el Combustible (Consecom), para monitorear, documentar y denunciar los actos de corrupción vinculados  con la distribución y suministro de gasolina y diésel.
Según destacaron los integrantes del Consejo Ciudadano por el Combustible cuando en junio comenzó a llegar a la gasolina iraní, el gobierno nacional habría anunciado que la distribución de gasolina iba  darse en las 103 estaciones de servicio que tiene el Estado, “pero al cabo de unas 8 semanas se recrudeció la escasez de gasolina y apenas  20 estaciones en todo el estado recibieron interdiariamente cargamentos de gasolina. Actualmente, menos de 11 estaciones son las que reciben gasolina, según cifras de la Gobernación de Lara.
Por su parte, la Asociación de Gasolineros del estado Lara ya ha denunciado que una cisterna de combustible  es repartida incluso entre 3 estaciones de servicio y que reciben un máximo de 9.000 litros de gasolina y por ello, los usuarios pasan hasta 28 días en cola.
Con respecto a cuánta gasolina se recibe en el Estado, Nelson Freitez, coordinador nacional del Grupo de Corrupción y Derechos Humanos de la Coalición Anticorrupción, señala que no conocen la cifra exacta del volumen de gasolina que llega a Lara,  ni  cómo se distribuye y precisamente ésta es una de las áreas en que trabajarán desde el Consejo. Sin embargo, datos preliminares aportados por Jonathan Morales, ex presidente de Asogas Yaracuy y ex miembro del Comité Ejecutivo de FENEGAS  indican que el consumo del estado Lara antes de la escasez era de 45 millones de litros mensuales y actualmente es de 5,5 millones, prácticamente el 10% del consumo.
Denuncia Transparencia Venezuela que “la escasez de combustible ha tenido un gran impacto en los venezolanos, en medio de la Crisis Humanitaria Compleja causada por la gran corrupción, y agravada ahora por la pandemia por COVID-19” y que las irregularidades presentes en la distribución y suministro de gasolina han causado que “toneladas de alimentos se pierdan en nuestros campos por la imposibilidad de movilizar las cosechas a los centros de suministro, mientras que industrias y comercios se encuentran prácticamente paralizados, y en el sector salud, el que se ha llevado la peor parte de esta crisis, médicos, enfermeros y trabajadores, que exponen sus vidas en la primera línea de atención de la emergencia sanitaria, enfrentan obstáculos para trasladarse a sus sitios de trabajo y los pacientes con enfermedades crónicas languidecen ante las dificultades para recibir tratamiento”.
Nicanor Oropeza, director de Fedenaga y presidente de la Asociación Venezolana de criaderos de Ganaderos Carora señala que el sector primario tanto en el estado Lara como a nivel nacional se declara en estado de emergencia debido a que el 90% del tren automotriz a nivel nacional son motores a base de gasolina, y no hay combustible para poder atender las unidades de producción ni para poder trasladar los alimentos a los centros de consumo; con lo cual se estima que estadísticas que maneja la asociación como que 2019 el consumo per cápita de proteína animal bajó a 16 kilos anuales (después de haber estado 65kilos por habitantes en 1998) y que el consumo de leche bajó a 25 litros de leche per cápita(después de haber estado 125 litros por habitantes en 1998) sean mucho peores en el 2020.
Mientras que Angel Delgado, Presidente de la Cámara de Pequeña y Mediana Industria del estado Lara (CAPMIL), indica que el impacto es del 80% de paralización  de actividades en sectores económicos no priorizados por las restricciones por la pandemia y se agrava con la falta de gasolina. Por lo cual, proponen que los entes gubernamentales cedan los espacios y haya el acuerdo para que la importación y distribución de combustible esté en manos de los privados ya que saben que manos de las refinerías nacionales no podrán resolver el problema.
Representantes de la ONG SOS Pacientes Renales indican que en el Estado existen de 800 a 820 pacientes renales; sin embargo, la distribución de gasolina que les hacen no es equitativa para todos ya que la misma se realiza por cupos que dependen de la cantidad de pacientes que atiende cada centro de salud y que haya la disponibilidad de gasolina en el lugar y fecha asignada. Cuando acceden a los 30 litros de gasolina que les asignan resultan  insuficientes para poder trasladarse y poder recibir el tratamiento que requieren.
Por su parte, Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, señala que las denuncias ciudadanas, incluso anónimas, podrán formularse por la aplicación “Dilo aquí” que cuenta con un equipo de asistencia legal anticorrupción que tiene Transparencia Internacional en de 70 países desde hace mas de 10 años. “Si no hay denuncias no vamos a poder hacer nada contra esa red. Si denunciamos damos información de cómo funciona esa red y eso le va permitir al consejo presentar propuestas y visibilizar el drama que está viendo Venezuela”.
Freitez agrega que la idea es transmitir la experiencia del Consejo Ciudadano por el Combustible a los 19 estados del país donde hay integrantes de la Coalición anticorrupción y y fomentar un intercambio de experiencias que nos permita un movimiento nacional anticorrupción en el campo de la  distribución  y suministro del combustible.