“EEUU aprobó la venta de Nynas y eso avala una operación hecha por el régimen de Maduro”

Por Andrés Rojas Jiménez

El economista venezolano Francisco Rodríguez, coordinador de la Fundación Petróleo para Venezuela, considera que la pérdida de 35% de las acciones de la empresa Nynas por parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la decisión de una corte de Delaware de ordenar el embargo de los bienes de Citgo deben observarse con cuidado porque pareciera indicar un desmarque del gobierno de Estados Unidos del apoyo que han dado a las autoridades de la Asamblea Nacional.
Se refiere principalmente al papel que desempeñó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, al autorizar la reestructuración de Nynas, que, según afirma, fue una venta acordada con el régimen de Nicolás Maduro, avalada por las autoridades estadounidenses y podría tener consecuencias en otros litigios que comprometen activos de Venezuela.
“Tenemos que entender hasta dónde llega el apoyo de Estados Unidos y si de verdad nos está apoyando en estas cosas, porque lo menos que quiero ver como venezolano es que tengamos a la junta ad hoc de PDVSA y al procurador especial de la República peleándose con Estados Unidos y con la OFAC. En el momento que dicen que vamos a denunciar una venta que fue aprobada por la OFAC, estamos mostrando una diferencia de criterio que verdaderamente preocupante”.
También solicita un debate público a las autoridades del Parlamento venezolano acerca de los recursos financieros sobre los que tiene control en el exterior, con el fin de que sean dirigidos como parte de la ayuda humanitaria.

-Ha señalado que la Asamblea Nacional tiene disponibilidad de recursos, que sumarían 11.900 millones de dólares, y que parte de ellos podrían ser canalizados hacia ayuda humanitaria. ¿Es tan viable desembolsar ese dinero?

- Básicamente es una estimación que yo presenté sobre la base de información pública y disponible que está desagregada y está presentada. Ese cálculo tiene relevancia y está relacionado con lo que hemos planteado, desde un principio, sobre la necesidad de tener una serie de programas de asistencia a la familia en medio de la pandemia del COVID-19. Eso implica hacer cosas dentro y fuera del país; y la reflexión de las cosas que se pueden hacer fuera viene porque justamente lo que se puede hacer dentro requiere un acuerdo político. Hemos trabajado mucho en el diseño de cómo podría ser y eso se intenta, pero requiere ponerse de acuerdo con el gobierno de Maduro y eso es difícil.  Entonces de allí partió la reflexión de lo que se puede hacer con la Asamblea Nacional y con el gobierno interino de Juan Guaidó y por eso nuestra propuesta de una transferencia monetaria y un auxilio financiero económico a los migrantes venezolanos en el exterior por 247 millones de dólares.

-¿Es viable para la Asamblea Nacional ordenar el desembolso de ese dinero?

-Ese programa que diseñamos es algo que la Asamblea Nacional podría hacer sin la necesidad de un acuerdo con Maduro y cuesta 247 millones de dólares. Un programa de transferencia monetaria de 100 dólares por familia, además de ayuda a los hospitales y a centros médicos que atienden a venezolanos en el exterior.

-¿Eso semeja a lo que anunció el presidente de la Asamblea Nacional con los médicos o lo que ha venido haciendo la Fundación Simón Bolívar que está adscrita a Citgo?

-El caso de la Fundación Simón Bolívar, la cantidad efectivamente es ínfima. Si mal no recuerdo son 50.000 dólares y estamos hablando de que Citgo tiene 1.300 millones de dólares en efectivo; y lo que anunció Juan Guiadó es una compensación monetaria para el personal de la salud y médico. Conceptualmente es la misma idea, lo que pasa es que está focalizado hacia médicos dentro del país y ese programa requiere al final la colaboración con el régimen de Nicolás Maduro por una razón muy sencilla, porque Maduro es el que controla el territorio nacional. Si no hay acuerdo con Maduro, ese programa no podrá llevarse a cabo.

-Hay funcionarios designados por la Asamblea Nacional que han cuestionado la cifra que menciona como a disposición del Parlamento?

- Hay varios representantes del gobierno interino que me respondieron cuestionando las cifras, pero también diciendo que ellos no podían ofrecerlas dando una serie de argumentos legales que a mí no me parecieron muy convincentes. La discusión sobre cuánto es exactamente el dinero es importante y evidentemente el gobierno interino tiene una información sobre los montos exactos, pero para mí lo que no queda ninguna duda después de este debate es que hay suficiente dinero como para cubrir el costo de los programas que estamos planteando. De repente no son 11.000 millones de dólares y son 10.000 o de repente 7.000, pero hay dinero. Déjame darte un solo ejemplo sobre el que tenemos conocimiento concreto: las empresas mixtas Petropiar y Petrobosćan, que tienen cuenta en Estados Unidos, son empresas mayoritariamente de PDVSA, que tienen entre 60% y 70% de las acciones. Chevron es el socio minoritario y publica en sus estados financieros de los dos últimos dos años lo que han sido las ganancias de esas empresas. Por lo tanto, sabemos cuánto le corresponde a PDVSA y que no ha podido cobrar porque a partir de 2017, con las sanciones financieras estadounidenses, se congeló el pago de dividendos. Por lo tanto, Petropiar y Petroboscán no le pueden pagar a PDVSA y PDVSA no le puede pagar a la República, pero el dinero está allí, es dinero de Venezuela.

-¿Eso no pasa por la autorización del gobierno de Estados Unidos?

-Por supuesto que sí. El gobierno venezolano está sancionado y esto indica un tema legal que es difícil de comprender, pero la realidad es que el que está sancionado es el gobierno de Juan Guaidó, porque es el único gobierno venezolano reconocido en Estados Unidos. Y eso lo que quiere decir es que para mover cualquier dinero del Estado venezolano se necesita la autorización de la OFAC, pero eso no debería ser un problema. ¿Estados Unidos se va a negar a que el gobierno legítimo de Venezuela utilice los recursos que son de los venezolanos para ayudar a los venezolanos?

-¿Usted que cree?

-No pertenezco al gobierno interino, pero si eso fuese así, a mí sí me gustaría que como venezolano tuviéramos una discusión pública al respecto. La evidencia que tenemos con respecto a lo que ha ocurrido en el pasado es que el gobierno estadounidense ha permitido esas movilizaciones de recursos y aprobó un pago el año pasado por 72 millones de dólares que le pagaron a los tenedores del bono PDVSA 2020. Si pudieron aprobar eso, ¿no van a aprobar los 247 millones de dólares que es menos de 2% de los recursos que tenemos en el exterior para ayudar a los venezolanos en el exterior?  Se me hace difícil creer que no lo van a aprobar. Pero si de verdad el problema es que ese dinero está siendo bloqueado por decisiones de Estados Unidos, a mí sí me parece que deberíamos tener una discusión pública al respecto, pero el dinero está. En ese sentido, me extraña un poco las respuestas que he obtenido de algunos representantes del gobierno interino.

-¿Entonces sí cree que las autoridades nombradas por el Parlamento en el Banco Central y en PDVSA pueden hacer uso de los recursos que tiene Venezuela en el exterior?

-Ellos pueden hacer uso de esos recursos con la aprobación de Estados Unidos. Leí una entrevista (publicada por el portal La Gran Aldea) al presidente de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil, a quien respeto mucho y creo que es un excelente economista. Justamente cuando veía la respuesta de él, veo y creo que en lo sustantivo estamos diciendo lo mismo y es una razón por la que en cierto sentido me sorprende este debate, porque básicamente lo que dice él es que para utilizar esos recursos lo tiene que aprobar la Asamblea porque hay un estatuto de transición y al mismo tiempo OFAC tiene que dictar la licencia para movilizarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero eso quiere decir que nosotros debemos ser capaces de utilizar los recursos y lo que hay que hacer es que la Asamblea tiene que tomar una decisión. Justamente por eso es que yo estoy haciendo el planteamiento y envié una carta a los presidentes de las comisiones de Finanzas y Política Exterior. Discutan esta idea, estoy dispuesto a exponerla y presentarla ante ustedes para que hagan la solicitud.

-¿Ha recibido una respuesta?

-No. Después de que hice el planteamiento se aprobó la creación del Fondo de Liberación Nacional, bueno el fondo se había creado antes, pero después se aprobó la asignación presupuestaria de 80 millones de dólares y si se ve lo que está aprobado, es la solicitud al gobierno de Estados Unidos para que emita la licencia para movilizar esos fondos y lo mismo con la transferencia de los fondos del Citibank a la Reserva Federal por 342 millones de dólares. Por cierto, esos 342 millones de dólares son más que suficiente para pagar microcuentas para ayudar a los venezolanos migrantes en el exterior, o sea que aquí no hay ninguna discusión sobre que el gobierno interino tiene dinero. Yo creo que aquí el problema y la razón por la que veo que es muy importante que tengamos una discusión pública y abierta sobre esto es para que entendamos de lo que estamos hablando, porque creo que muchas veces en el debate por redes sociales las cosas se confunden y hay criterios que terminan confundiendo a la gente porque la cosa se resume en si se tiene o no el dinero, se puede o no utilizar. Yo invité a las autoridades del gobierno interino a que tengamos una videoconferencia abierta, conversemos, discutamos sobre esto y estoy seguro que, en el momento que tengamos esa discusión, se van a dar cuenta que estamos de acuerdo en lo sustancial y allí nos podemos poner a debatir qué es lo que está pasando: ¿es que los Estados Unidos no nos deja mover ese dinero? ¿Esa es en realidad la razón o están pasando otras cosas? Esa es la discusión que el país debería tener.

-¿Cómo se ejecutarían esos recursos para apoyar a migrantes venezolanos?

-Primero la OFAC tiene que permitir que el gobierno legítimo de Venezuela movilice esos recursos y ya cuando los recursos han llegado a una cuenta del gobierno interino hay dos cosas que se deben hacer: primero, identificar a los beneficiarios, y segundo, la modalidad de repartición o a través de quién se va a hacer el desembolso. Allí nuestra propuesta es que esto se haga en estrecha cooperación con las autoridades de los gobiernos donde están estos migrantes. La mayoría de los migrantes venezolanos están en países que reconocen al gobierno de Juan Guaidó. La forma como creo que se debería implementar para hacerlo más eficiente es a través de subsidios que varios de estos gobiernos tienen para familias dentro de la atención del COVID-19. Se debería hacer un registro de beneficiarios, las encuestas y los estudios sobre los migrantes muestran que más de 70% u 80% tiene un teléfono celular. Entonces, se puede hacer la transferencia o la consignación y la información se envía a través de un mensaje por el celular. Otro ejemplo lo tenemos con dos agencias de Naciones Unidas como, ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y la OIM (Organización Internacional de Migración), que han desarrollados un plan por 1.500 millones de dólares para ayudar a los migrantes venezolanos y de ese plan solo se ha recaudado 4% de los recursos.

-¿Por qué un porcentaje tan bajo?

-No han podido conseguir recursos de donantes, entre otras cosas, porque es de conocimiento que Venezuela tiene recursos importantes y que están en cuentas que están inmovilizadas. Entre la comunidad de donantes y muchas agencias de ayuda dicen que una cosa es Ruanda, Congo o Siria y otra muy distinta de Venezuela. Al final estos organismos internacionales lo que dicen sobre Venezuela es ocúpense de resolver eso, pero no vengan a pedir dinero.

-¿Esos recursos que están congelados en el exterior son un obstáculo para que donantes den aportes a esos fondos de ayuda al migrante?

-Claro que sí. Esta discusión sobre los recursos que tiene Venezuela en el exterior es algo que ahora está saliendo a la luz pública con mi planteamiento, pero entre la comunidad de donantes eso se conoce bastante bien. De hecho, en octubre del año pasado, cuando Josep Borrell era ministro de Exteriores de España hizo el planteamiento, también Mark Lowcocke de Naciones Unidas. Si se ve con cuidado lo que ellos dicen, hablan de la utilización de los fondos congelados. Eso se conoce. Por citar otro ejemplo, nadie pone en duda que hay 1.500 millones de dólares de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra, entonces la pregunta es: ¿cómo utilizamos ese dinero? El gobierno de Reino Unido no reconoce a Nicolás Maduro, pero sí a Juan Guaidó. Boris Johnson se reunió con Guaidó cuando él visitó Londres, reconocen al Banco Central de Venezuela nombrado por Guaidó. Entonces hay que hacerle la solicitud. Es curioso que esa solicitud la acaba de hacer Maduro, pero por supuesto la van a ignorar porque no lo reconocen. Deberían atender la solicitud del gobierno legítimo de Venezuela y aquí es donde digo que debemos tener transparencia sobre estos asuntos, tenemos que saber si lo que está pasando es que no nos están dando acceso a nuestros recursos. Nosotros los venezolanos tenemos que entender hasta dónde llega el apoyo de Estados Unidos y si de verdad nos está apoyando en estas cosas, porque lo menos que quiero ver como venezolano es que tengamos a la junta ad hoc de PDVSA y al procurador especial de la República peleándose con Estados Unidos y con la OFAC. En el momento que dicen que van a denunciar una venta aprobada por la OFAC,  en el caso del 35% de las acciones de Nynas, estamos mostrando una diferencia de criterio que verdaderamente preocupante.

Buscando gasolina

-¿El planteamiento de retomar el canje de petróleo por gasolina entre PDVSA y Citgo tiene esa misma particularidad de atenderse con fines de ayuda humanitaria y tratar de resolver el problema de la escasez de combustible?

-Hay dos planteamientos que hemos hecho: uno es el acuerdo petrolero humanitario, que es una versión de lo que se ha llamado Acuerdo de Petróleo por Alimentos y ahora comienza a tener menos relevancia porque los precios del crudo están tan bajos que no se estaría generando mucho ingreso, pero se podría derivar algo; y el otro planteamiento simple y llanamente es que Citgo envíe gasolina a Venezuela.

-¿Cómo se podrá implementar esto?

-Hay una posibilidad que Venezuela le venda petróleo y Citgo le pague con gasolina. Eso sería una forma de instrumentarlo, pero para mí hay una forma mucho más sencilla.

-¿Cuál?

- El dueño de PDVSA es la República de Venezuela y PDVSA es la dueña de Citgo. Eso lo que quiere decir es que se puede direccionar estos recursos a través de una instrucción a Citgo con una de dos modalidades: se canalizan a través de una fundación, es decir, una donación a los venezolanos; o se puede decretar dividendos, que es otra de las formas que se pueden movilizar recursos. Por poner un caso, Citgo decreta dividendos de 50 millones de dólares a PDVSA y PDVSA se lo paga a la República, a la PDVSA de Guaidó, a las cuentas de la República manejadas por Guaidó  y, entonces, la República utiliza esos mismos 50 millones de dólares para comprarle la gasolina a Citgo de forma que esto no afecte negativamente los balances de Citgo.

-¿Pagar con los dividendos?

-Con Citgo está pesando lo mismo que con las empresas mixtas desde 2017, que debido a las sanciones no pueden declarar dividendos.

-¿Esa operación requiere autorización de la OFAC?

-Por supuesto que se necesita la autorización de Estados Unidos. La estamos planteando en el contexto de una grave y urgente crisis de disponibilidad de gasolina en el país, que ha afectado a todos los venezolanos y está haciendo la vida de los venezolanos mucho más difícil y amenaza la distribución de alimentos en nuestro país. Por lo tanto, aumentan los riesgos de que en Venezuela se desarrolle una hambruna como resultado de insuficiencia en la disponibilidad de alimentos para poder llenar los requisitos mínimos alimenticios y calóricos de los venezolanos.
El bono PDVSA 2020

-¿Lo que pasó con Nynas al perderse 35% de participación de PDVSA, ¿puede pasar también con Citgo tomando la demanda que se introdujo a los tenedores del bono PDVSA 2020 o el reclamo de Crystallex?

-Es un poco distinto porque en el caso de Estados Unidos y del bono PDVSA 2020 hay sanciones que tienen efecto solo en el territorio estadounidense e impiden la movilización de recursos, salvo que sea con autorización de Estados Unidos. Que tenedor de bonos o una empresa sea capaz de embargar un activo es una transferencia de recursos que debe estar autorizada. En este momento, por razones que incluso diría que históricas, hay una autorización para los tenedores del bono PDVSA 2020 que se dictó antes de que Guaidó fuera reconocido y la idea era que si Maduro no pagaba perdía Citgo. Yo entiendo que hay un compromiso claro del gobierno de Estados Unidos de no permitir que los acreedores tomen los activos de Venezuela hasta que no se resuelva la crisis política. Ahora frente a esto hay otro problema, un problema adicional que está causado por una demanda originada por el gobierno interino de Venezuela contra los tenedores, alegando que ese bono no fue aprobado por la Asamblea Nacional.

-¿Está de acuerdo con esa demanda o considera que debió irse por una negociación con los tenedores?

-Por supuesto que se debió haber intentado negociar. Alejandro Grisanti, a quien yo respeto mucho, hizo una declaración recientemente como miembro de la junta ad hoc de PDVSA diciendo que él pensaba que se debió haber negociado con los tenedores.

-Pero él renunció a la junta de administración ad hoc de PDVSA.

-Pero lo fue y sabe cuál fue la negociación. Yo estoy fuera del gobierno y no sé cuál fue la negociación ni qué se les ofreció a los tenedores y lo que los tenedores dijeron, pero lo único que sé es que el procurador ha dicho que los tenedores de bonos han sido intransigentes en este tema. Eso me sorprende porque la negociación con acreedores es algo muy común, ellos están acostumbrados a este tipo de casos. Por ejemplo, en este momento el gobierno argentino está negociando con sus acreedores, le hicieron una propuesta y los acreedores no la han aceptado. Allí hay un proceso de negociación que puede o no terminar en un acuerdo.

-Pero Argentina no tiene dos gobiernos.

-De acuerdo, pero ese no es el problema aquí porque el gobierno interino de Venezuela es el que tiene la autoridad para negociar con los acreedores. En todo caso no tiene la capacidad de pago porque no controla a la empresa petrolera y solo controla Citgo. Los acreedores no están negociando con Maduro porque para ellos es ilegal, ellos están negociando con Guaidó. Pero aquí hay algo que es distinto y me preocupa como el gobierno interino presenta la demanda y con un argumento que me parece que tiene cierta racionalidad, pero es complejo,

-¿Se refiere al argumento que considera nulo la emisión del bono porque no fue aprobado por la Asamblea nacional?

-Claro. Ese argumento tiene sentido para mí y cuando digo que tiene sentido no lo estoy valorando como abogado porque no soy abogado, pero como dice Mitu Gulati, quien es uno de los abogados que se ha involucrado en este caso, esto es una cuestión de sentido común. Hay un artículo constitucional que dice que los contratos de interés público requieren la aprobación de la Asamblea nacional y con un artículo así pareciera estar violándolo. Con eso estoy diciendo que ese argumento me parece que tiene sentido, tiene lógica.

-¿Ese argumento puede tener sentido para un juez en Estados Unidos?                     

-Eso es solo parte de la discusión, pero la otra parte es si los acreedores deberían saber o haber sabido que PDVSA necesitaba esa autorización. En el momento en el que como gobierno se está diciendo que los acreedores deberían haberlo sabido, se está diciendo también que los acreedores efectivamente se coludieron con la administración de PDVSA para hacer algo ilegal y allí se está llevando las cosas a otro nivel. Allí están los fondos de inversión más importantes del mundo como Ashmore, Black Rock y Stone Harbor. A esos fondos se le está diciendo que compraron algo que se piensa que es ilegal y que se coludieron con Eulogio Del Pino (presidente de PDVSA en 2016) para estafar a los venezolanos. Creo que hay que tener mucha prudencia porque vamos a necesitar a los mercados de capitales internacionales. Por cierto, más de 90% del bono PDVSA 2020 está en manos de fondos de inversión reconocidos como los que acabo de nombrar.

-¿No teme que le digan que está defendiendo a los fondos de inversión que compraron los bonos?

-Evidentemente es un contrargumento que se puede hacer y es un contrargumento que han hecho algunas personas y me llama la atención por distintas cosas. Primero, yo soy un economista al igual que muchos otros venezolanos que han trabajado en el mercado financiero. El mismo Alejandro Grisanti, persona a quien respeto mucho, o Luisa Palacios, la actual presidenta de la junta directiva de Citgo. Ellos básicamente hicieron el mismo trabajo que yo hice para Bank of America y después para Torino. Está el caso de Ecoanalítica, que tiene uno de los mejores economistas del país, también es una empresa que presta servicios a inversionistas internacionales como esos fondos. Es una realidad que nadie debe ocultar y es imposible hacerlo. Los economistas prestamos y hemos prestado asesoría a distintos fondos y creo también que es importante ser transparente. La gente trabaja y, en ese sentido, tiene intereses y puede tener conflicto de intereses potenciales, pero no por eso nosotros decimos que Ecoanalítica no puede participar en el debate público. Por eso mismo cuando José Ignacio Hernández, también un abogado muy respetado, era consultor de empresas que estaban demandando al Estado venezolano como Crystallex u Owen Illinois, recibió pagos muy importantes de ellas y en ese momento participaba en el debate público, escribía artículos sobre la deuda y estoy hablando antes que llegase a la Procuraduría.
Puedo hablar de Ricardo Hausmann, otro economista que respeto muchísimo, quien está alistado en un tema de transparencia y tiene contratos de consultoría con distintos entes, privados o gobiernos de otros países, incluso como el de Arabia Saudita. Yo personalmente no lidiaría con un gobierno de ese tipo, pero la realidad es que lo importante, lo que se pide y siempre se ha pedido a los académicos y a los investigadores es que seamos claros en lo que se llama el disclosure, es decir, que seamos transparentes. Yo, en ese sentido, he sido total y absolutamente transparente. Yo fui economista durante ocho años en entidades financieras internacionales y en esa función se le prestaba información, análisis económico a fondos de inversión que compraban y vendían bonos de Venezuela. Muchas veces la asesoría era al contrario porque era para decirles cuándo vender bonos de Venezuela, justamente para evitar pérdidas. La recomendación que uno hace como analista a veces es vender y a veces es comprar. En ese sentido, yo creo que es importante que seamos transparentes y que en el momento que uno llega a una posición pública se tiene que desvincular y eso yo también lo hice, incluso, sin esperar al momento de llegar a esa posición. Cuando yo fui jefe del programa de gobierno de Henri Falcón, la primera decisión que tomé fue desvincularme de mis actividades en Torino porque pensaba que eran incompatibles.

El apoyo de Henri Falcón

-Hemos visto en los últimos días que buena parte de sus planteamientos han sido comentados y apoyados por el excandidato presidencial Henri Falcón. Pareciera que él está retomando esas banderas con sus propuestas económicas como para hacer un planteamiento político y convertirse en el jefe de la oposición venezolana.

-¿Quieres entrevistarlo a él?

-Le pregunto su visión para saber cómo ve ese discurso de Henri Falcón con buena parte de sus planteamientos.

-La coincidencia entre Henri Falcón y yo ha sido a lo largo del tiempo en términos de ideas y planteamientos. Hay momentos en los cuales hemos estado en desacuerdo y yo lo he hecho público. Por ejemplo, no me parece que la mesa de diálogo nacional ha sido un ente productivo, incluso me parece que hubo momentos en los que los partidos representados allí debieron separarse y eso lo dije en su momento. Tampoco me pareció útil discutir la propuesta del acuerdo petrolero humanitario en ese contexto, porque como yo insistía desde un principio que necesitaba una discusión entre Guaidó y Maduro, entonces los partidos minoritarios no podían pintar mucho. Yo creo que tenemos un planteamiento y una forma de enfocar el problema venezolano que coincide en varios principios: si queremos sacar a Maduro, nosotros creemos que Maduro es más débil cuando se le lleva al terreno electoral y por eso fue que quisimos llevarlo al terreno electoral en 2018. Hicimos todo lo posible por convencer a los venezolanos para generar una avalancha de votos para barrer a Maduro del poder, como lo han hecho muchísimos países a través de procesos electorales injustos.
El otro planteamiento en el que coincidimos es que hay cosas que son aceptables en la política y en la lucha, pero hay cosas que no. Hacerles daño a los venezolanos no es aceptable. Sanciones que vayan dirigidas a los funcionarios del régimen, a los corruptos, narcotraficantes y a los violadores de derechos humanos cuentan con todo mi apoyo. Más bien, debería haber más de ellas y esa es la misma posición que mantiene Henri Falcón y la misma posición que mantuvimos durante la campaña, pero no sanciones sobre el sector petrolero venezolano para impedir que Venezuela venda petróleo en el resto del mundo y para impedir que Venezuela traiga gasolina en este momento.  La lucha política, por muy legítima que sea, no puede estar por encima de la vida de los venezolanos. Si en Venezuela no hay gasolina, no se va a poder llevar alimentos del campo a la ciudad y va a disminuir la oferta de alimentos en el país y eso lo que quiere decir es que el país va a enfrentar problemas graves desde el punto de vista de sostener el consumo calórico mínimo. Nosotros estamos en desacuerdo con utilizar el hambre de los venezolanos como un arma política. Estamos en desacuerdo con eso y es la misma razón por la que estuvimos en desacuerdo con el Carnet de la Patria. Esa fue la forma como Maduro nos robó las elecciones chantajeando a los venezolanos y diciéndoles que si no votaban por él no iba a pagar el bono del Carnet de la Patria. Esa es la razón por la que nos oponemos a Maduro, porque a Maduro no le importa la vida de los venezolanos, pero hay que ejercer una oposición diferente. Yo no me puedo ver en el mismo campo con una oposición que dice que no le importa que sufran los venezolanos y que está dispuesta a exacerbar el sufrimiento de los venezolanos para llegar al poder. Si lo que tenemos es un Maduro que está dispuesto a poner a la gente a pasar hambre para quedarse en el poder y una oposición que está dispuesta a poner a la gente a pasar hambre para llegar al poder, yo no quiero tener que ver con ninguno de los dos.
La pérdida de Nynas

-¿Por qué se pierde Nynas?

-Esta es una empresa que estaba sancionada y que ya el gobierno de Maduro no podía hacer nada con ella y, en cierta manera, ya al gobierno de Maduro no le importaba. Por lo tanto, se llega a esta idea sobre la que Nynas no ha dado toda la información relevante y no se sabe si fue que Maduro obtuvo algo de dinero de eso o simplemente se cancelaron algunos pasivos. Eso hasta ahora no está claro, pero se llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro.

-¿En ese proceso de reestructuración de Nynas hubo una compra o unas negociaciones con el gobierno de Maduro?

-Por supuesto. Entre Nynas y el gobierno de Maduro.

-¿Los representantes de Suecia y el gobierno de Maduro?

-Pues claro. Es una acción del gobierno de Maduro la que se tomó. Eso no me queda ninguna duda y esa es una acción perfectamente legal dentro de las leyes suecas, pero no habría sido legal hacia Estados Unidos.

-¿No cree que ha debido haber una acción por parte de las autoridades que nombró la Asamblea Nacional, así como se ha hecho con Citgo o con Monómeros en Colombia?

-Yo creo que ellos trataron de hacer lo mismo y no pudieron. Esa es una realidad. Hay países tales como Estados Unidos que reconocen a Guaidó, reconocen al gobierno de Guaidó y reconocen a los embajadores de Guaidó. Eso también pasa en Colombia. El caso de Europa es un poco distinto y creo que esto tiene que ver mucho con eso, porque el gobierno de Guaidó no ha sido capaz de tomar control allí. Ahora a mí sí me parece muy preocupante sobre esta transacción que nosotros veamos que la junta ad hoc de PDVSA está diciendo que no le fue comunicado nada, que no sabían nada y que ellos se están enterando ahora. Me parece muy preocupante eso porque el gobierno de Estados Unidos aprobó la operación, que también es preocupante, y eso quiere decir que el gobierno de Estados Unidos esencialmente está avalando una operación hecha por el régimen de Maduro. El gobierno de Estados Unidos, en mí criterio, debería decir que desconoce esa operación y, por lo tanto, esa empresa sigue siendo propiedad en más de 50% del gobierno de Venezuela y sigue estando sancionada. 

-¿Esa es la lectura que le da: que el gobierno de Trump termina avalando una operación que fue negociada por el gobierno de Maduro?

  -No queda ninguna duda de eso porque ellos levantaron la sanción a Nynas. De eso se trata avalar. En el momento en que ellos dicen que esta empresa no está sancionada están reconociendo que esta empresa no está sancionada porque ya no es mayoritariamente propiedad del gobierno venezolano. Cuando están haciendo eso, están reconociendo eso como una venta legal, están reconociendo una venta llevada a cabo por lo que Estados Unidos denomina el ex gobierno de Venezuela o régimen usurpador. Yo quiero entender que fue lo que pasó aquí, que la junta directiva ad hoc de PDVSA y que el procurador especial lo expliquen. Esta transacción se sabía que venía, aunque la junta de PDVSA dice que ellos no fueron informados, eso no lo creo porque la prensa financiera venía informando de esta operación desde hace meses y se sabía que algo así iba a ocurrir. ¿Se le pidió al gobierno de Estados Unidos que lo bloquease o que lo desconociese? Sería lo correcto y lo consistente. ¿El gobierno de Estados Unidos negó eso? Creo que es importante que entendamos eso y solo así vamos a saber dónde estamos parados. Si la realidad es que el gobierno de Estados Unidos en este momento básicamente lo que está diciendo es que ya Venezuela no es tan importante y está dispuesto a llegar a algunos acuerdos con el gobierno de Maduro, por ejemplo, si se lo pide el gobierno de Suecia porque está preocupado por el funcionamiento de esta compañía, entonces estamos en otro juego y eso es algo que tenemos que entender.   

Pueden ver la entrevista en video por https://www.hispanopost.com/no-quiero-ver-a-la-junta-ad-hoc-de-pdvsa-pel...