Conindustria: “Ley antibloqueo pretende reprivatización sin transparencia de empresas expropiadas y expoliadas”

Los gremios industriales de Venezuela fijaron su posición contra la ley antibloqueo y solicitaron que se declare su nulidad, comenzando por el organismo rector y nacional Conindustria, junto a la Cámara de Industriales del estado Lara (Cilara) y la Cámara de la Industria Farmaceutica (CIFAR), que rechazan esta legislación por contravenir la Constitución y ponerse por encima del ordenamiento jurídico vigente.
“Preocupa que la ley antibloqueo pretenda, sin procesos de transparencia, la “reprivatización” de empresas que, en su oportunidad, fueron expropiadas y expoliadas, condenando las mismas a su paralización y posterior cierre, bajo un mecanismo de total opacidad y sin respeto a los derechos de defensa de la propiedad de sus legítimos dueños”, señala Conindustria en su comunicado. “Con la aprobación esta ley se da una estocada más a la libertad económica en Venezuela y
la propiedad privada sigue estando en peligro de extinción y con ella los sueños de millones
de ciudadanos que tienen en el sector privado, especialmente en la industria, su principal y
única fuente de sustento”, acota.
En el texto de CIFAR se acusa al gobierno de Nicolás Maduro de pretender coartar la libertad empresarial y se califica de exacerbado los poderes que otorga al Ejecutivo nacional.
“Este instrumento legal otorga una subordinación completa del ordenamiento legal y sublegal a una ley que no solo concede amplios poderes al Ejecutivo nacional sino que crea un sistema de reserva de información sobre las operaciones que autoriza el instrumento, lo que genera más incertidumbre institucional y riesgo a nuestro país”, señala CIFAR.
Cilara por su parta coincide en los cuestionamientos hechos por Conindustria y Cifar y agregan que por más de 20 años –tanto con la gestión de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro- se han caracterizado por “la embestida de la arbitrariedad gubernamental”, acción que se agrava con esta ley y solicitan que se declare la nulidad.
“Sabemos que este instrumento, inconstitucional, insertado en un Estado de Excepción por emergencia económica pretende  obviar todo tipo de consulta y autorizar al Gobierno Nacional para que actúe sin controles en la disposición de bienes, actividades y empresas de la Republica”, señalan los industriales de Lara. “Los actos de ejecución de la ley antibloqueo podrían resultar lesivos para la Nación y en especial para las empresas nacionales, ya que no contribuyen a generar, en modo alguno, la necesaria confianza para que los inversionistas vean a nuestro país como un destino seguro para sus capitales.