La Ley Antibloqueo dio sustento legal a PDVSA para recibir criptomonedas en ventas de crudo

“Estrategias de comercialización efectivas”, “nuevo modelo de negocios” o “mecanismos innovadores de comercialización”. Esas fueron tan solo tres frases o quizás conceptos que más repitieron los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o ejecutivos, gerentes y técnicos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para referirse a la forma como la corporación estaba vendiendo el crudo o los combustibles debido a la prohibición, las sanciones o medidas coercitivas unilaterales que le impuso el gobierno de los Estados Unidos.
Descuentos que alcanzaron los 40 dólares en la venta de crudo, trasbordo del producto entre varios tanqueros o buques o que el crudo Merey llegara a China como una mezcla extraída en Malasia pasaron a ser esas “estrategias de comercialización efectivas” o “mecanismos innovadores de venta” que encontró la ahora desaparecida Comisión para la Recuperación y Reestructuración de la Industria de los Hidrocarburos Alí Rodríguez Araque a principios de 2020, al inicio de la pandemia pero sobre todo después que el gobierno estadounidense sancionó una filial de la empresa rusa Rosneft por estar ayudando a PDVSA a vender petróleo.
Esa comisión fue creada en febrero de 2020, aún cuando al frente del Ministerio de Petróleo y PDVSA estaba el mayor general Manuel Quevedo, y la pasó a dirigir Tareck El Aissami, para ese momento vicepresidente del área económica, y Asdrúbal Chávez, por su trayectoria como vicepresidente de Comercio y Suministro de la empresa estatal, sobre todo en la época de Rafael Ramírez. En junio de ese año, Quevedo quedó inscrito en la memoria historia del petróleo en Venezuela haber llevado la producción a un mínimo de 393.000 barriles diarios y fue reemplazado por El Aissami y Chávez como ministro del Petróleo y presidente de PDVSA, respectivamente.
A la vuelta de un poco más de un año –para el tercer trimestre de 2021- se había logrado elevar la producción en casi 80%, pero esa variación partía de un mínimo de 393.000 barriles diarios a un nivel por encima de 700.000 barriles. Ese volumen, sin embargo, no ha logrado ni siquiera cruzar la barrera de los 800.000 barriles diarios pese a la promesa que surgió de la Comisión Alí Rodríguez que era factible llegar a un millón de barriles diarios y que el presidente Nicolas Maduro la convirtió en promesa incumplida.
La dupla El Aissami-Chávez también logró resolver parcialmente el suministro de combustible. Tan solo hay que recordar que las estaciones de servicio no tuvieron gasolina a partir de marzo de 2020 por la falta de operación en las refinerías y la crisis se vio favorecida por la medida de aislamiento o cuarentena que comenzó el lunes 16 de marzo de 2020 por la pandemia del Covid-19.
Fue solo tres meses después, en junio de ese año, cuando se inició la venta de gasolina y diesel gracias a la importación que se hizo de Irán; y bajo el marco de las decisiones de la comisión se avaló algo impensable en la economía vernácula: imponer un precio de referencia internacional para la gasolina de 50 céntimos de dólar por litro. Esa decisión saco a Venezuela temporalmente de figurar como el país con el combustible más barato del mundo.
Buena parte de los acuerdos comerciales para la exportación, incluidas las transacciones con criptomonedas y los contratos de producción o acuerdos de servicio de producción, se suscribieron teniendo como sustento jurídico la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional, aprobada a finales de 2020 por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente.
En la referida legislación se permite la utilización de cualquier operación disponible en el mercado internacional, admite “mecanismos excepcionales” de contratación pero sobre todo creo un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de “contenido confidencial y secreto” y declara “reservado” todo procedimiento que se haya hecho con este marco legal. Estos aspectos justamente favorecieron las transacciones con intermediarios, aspecto que marco una diferencia de los contratos de amplio suministro que llego a tener PDVSA con empresas transnacionales y trayectoria en el área de los hidrocarburos.
“No querían recibir petróleo en mercados internacionales ni contábamos con el apoyo de las socias de PDVSA para levantar la producción por las medidas coercitivas unilaterales y la Ley Antibloqueo permitió un nuevo modelo de negocio y una estrategia de comercialización efectiva”, dijo una fuente de la industria.
Aclara, no obstante, que la referida legislación consagra el control porque en primer lugar los ingresos obtenidos por esta vía debieron ir a una cuenta en la Tesorería Nacional, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas; y en segundo, correspondía a la Contraloría General de la Republica ejercer un control “eficaz y oportuno”. Por cierto, la misma fuente menciona que la Ley Antibloqueo admitió la posibilidad de que algunos actos se convirtieran en delito y se incluyó un artículo en el cual se indica que todo acto publico acarrea “responsabilidad individual, civil, administrativa y penal.