Los 17 CPP de Nabep es lo único que María Corina Machado revocaría de la apertura petrolera de Delcy Rodríguez

María Corina Machado ha manifestado un firme rechazo al masivo acuerdo petrolero firmado entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez, el cual parte de un contrato de participación productiva de hidrocarburos (CPP) entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía North America Blue Energy Partners (Nabep). Si bien la líder de la oposición venezolana mantiene el cuidado estratégico de no criticar directamente a la Casa Blanca, sus objeciones de fondo exponen fracturas profundas respecto a cómo debe estructurarse la economía y la ética institucional en la transición del país.
“Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere, y muy particularmente, porque quienes están involucrados o esta persona en particular (Alejandro Betancourt), está investigado por causas y por delitos muy serios en diversos países del mundo, y a quien los venezolanos atribuyen una responsabilidad directa en el horror de lo que es la calidad de vida de Venezuela hoy, donde no existe electricidad en los hogares ni en las empresas”, dijo la dirigente durante la rueda de prensa que ofreció el pasado 29 de octubre. “En relación a la empresa Nabep y a este contrato sobre el cual se ha especulado mucho, yo no conozco ni he visto el contrato, y si algo le conviene a Venezuela y a nuestros aliados, es un sistema de absoluta transparencia, en el cual los venezolanos puedan conocer hasta la última letra de todos los acuerdos que se lleven adelante en nuestro país”, añadió.
Más adelante, Machado aseguró que un gobierno suyo respetará los acuerdos suscritos, pero insistió que solo aquellos que consideren “legalmente en Venezuela” y justamente hay señalamientos de algunos abogados que los 17 CPP suscritos entre Nabep y PDVSA se consideran inconstitucionales e ilegales.

Sin palabras sobre El Pentágono

El reciente acuerdo petrolero de 25 años sobre unos 65.000 millones de barriles de crudo venezolano, negociado directamente entre Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez, ha transformado el tablero geopolítico y económico de la región.
Pese a la histórica cercanía de María Corina Machado con la diplomacia estadounidense, este acuerdo ha generado fricciones inevitables; y el rechazo de Machado no responde a una postura antiprivada —siendo ella defensora del libre mercado en Venezuela—, sino a la falta de transparencia, el menoscabo a la soberanía jurídica nacional y, de manera central, la validación de actores vinculados a la corrupción institucional.
La dirigente y el equipo que la asesora en materia petrolera centra su objeción a lo que llaman “El factor Nabep y Alejandro Betancourt”, que de entrada califican como «corrupción obscena», en referencia al comentario que Machado hizo del acuerdo en una entrevista para el New York Times.
La principal y más tajante objeción pública de María Corina Machado radica en los rostros corporativos que articulan este negocio. El pacto concede derechos masivos de explotación a Nabep, cuyo presidente ejecutivo es Alejandro Betancourt.
Machado se referido abiertamente la participación de Betancourt y el rechazo se fundamenta en la trayectoria que él tuvo como también presidente de Derwick Associates, que es una empresa a la que se le señaló de recibir contratos mediante adjudicación directa por parte del gobierno de Hugo Chávez para mejorar el sistema eléctrico nacional.
Machado considera a Betancourt responsable de la crisis de los apagones, aún cuando en la crisis que intervino Derwick, el gobierno de Chávez contrató con una decena de empresas internacionales que en algunos casos alegaron elevados precios de contratación por los incumplimientos y retrasos de pagos en los que tradicionalmente ha incurrido el gobierno venezolano durante los años de revolución bolivariana.
En todo caso, Machado considera que los 17 contratos de participación productiva de Hidrocarburos (CCP) entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Nabep contradicen frontalmente lo que llama “la reconstrucción moral y los valores de transparencia” que ella promueve para la nueva Venezuela y desde su perspectiva, un proceso de transición real no puede construirse reciclando esquemas de opacidad corporativa ni validando a intermediarios investigados internacionalmente.
Desde un punto de vista técnico y legal, las características de los contratos suscritos y el propio acuerdo con los Estados Unidos, levantan alarmas porque Nabep es una corporación registrada bajo la jurisdicción de Barbados, un paraíso fiscal, lo que diluye de entrada el escrutinio público y la rendición de cuentas ante el Estado venezolano; luego porque en el diseño del esquema, el Pentágono (Departamento de Guerra o Defensa) adquiere una participación pasiva del 35% en la matriz de la empresa y beneficios preferenciales para adquirir crudo a precio de costo.
Al respecto, el equipo de Machado argumenta que el ordenamiento de este negocio carece del debido proceso legal e institucional según el derecho venezolano; y la dirigente ha declarado que respetará la inversión extranjera en la medida en que cumpla estrictamente con la ley y atienda el principio de transparencia que exige cualquier concesión de recursos estratégicos de la nación.