Los negocios entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Rosneft nuevamente afrontan el señalamiento de ilegalidad, en primer lugar, porque la venta de los activos de la empresa rusa en el país sudamericano a favor de una compañía también bajo el control del Kremlin no tiene el aval de la Asamblea Nacional; y segundo, porque los descuentos que la estatal venezolana le concedió –en promedio una rebaja de 20 dólares por barril- implican una pérdida patrimonial.
Entre agosto de 2019 y enero de 2020, dos filiales de la empresa rusa -Rosneft Trading y TNK Trading International- recibieron 74 millones de barriles para su reventa,. Por eso volumen, PDVSA solo pudo cobrar 60% de un monto que en condiciones de mercado debió aportar 3.980 millones de dólares, lo que implica que 1.480 millones de dólares dejaron de ingresar a la tesorería de le empresa venezolana en esos seis meses por este concepto.
En febrero de 2020, ese modalidad comercial se trancó debido a las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos –a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus siglas en inglés- a estas filiales de Rosneft; y de igual manera se cortó la importación de gasolina que hacia PDVSA a través de estas firmas para cubrir parte del déficit que existe en Venezuela en la demanda de combustibles.
El economista Francisco Rodríguez, coordinador de la asociación Oil for Venezuela (Petróleos para Venezuela) tiene cifras que indican la posibilidad de que el monto sea mayor al que se maneja oficialmente, si se toma en cuenta las ventas a descuento no eran solo con Rosneft sino de empresas de otros países, de allí que en propuesta humanitaria para atender problemas sociales advierta que si PDVSA logra que se le levanter las sanciones pudiera generar recursos adicionales al eliminar las ventas a descuento. "Partiendo de un nivel de exportación de aproximadamente 600.000 barriles diarios, la reducción de ese descuento podría proporcionar a Venezuela aproximadamente 4.390 milloens de dólares al año", dijo Rodríguez.
En sus cálculos aparece que en un escenario conservador, el monto de esos descuentos podrían alcanzar 2.190 millones de dólares.
El diputado, el ex directo y el embajador
El tema de la ilegalidad a la venta de los activos en Venezuela parte desde el propio Poder Legislativo de Venezuela debido a que la Constitución señala que todo contrato de interés público debe tener el aval parlamentario y la propia formación de las empresas mixtas –tal como establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos- exigió que fueran aprobados por los diputados.
“Esa venta debe pasar por la Asamblea Nacional”, sentencia Elìas Matta, presidente de la Comisión de Energía del parlamento venezolano. “Tenemos el caso de lo que ocurrió cuando PDVSA le vendió a Rosneft 23% adicional de Petromonagas y dijimos que esa operación debía tener la aprobación legislativa, e igual dijimos con el préstamo que otorgó Rosneft, que ponía garantía a Citgo como garantía”, acotó.
En la polémica por esta transacción no ha estado exento el propio embajador de Rusia en Venezuela, Sergio Mélik-Bagdasárov, quien después de emitir un mensaje por la red social Twitter diciendo “No se preocupen. Se trata del traspaso de los activos de Rosneft al Gobierno de Rusia directamente. Seguimos juntos en adelante”, se vio obligado a responder un reclamo hecho por Pedro Mario Burelli, ex director de PDVSA.
“Embajador de Rusia en Venezuela agregó más confusión a lo que anunció la petrolera Rosneft. Es obvio que saben que vienen sanciones secundarias y buscan proteger la pésima apuesta de Igor Sechin en Venezuela y el mercado bursátil nunca valoró esa ’estrategia'”, señaló Burelli, a lo que el diplomático ruso respondió: “No es así para nada. Los que se confunden son los adeptos al "Orden basado en reglas" (antidemocráticas) y esta transacción de los activos al Gobierno (ruso) es una muestra explícita de la solidaridad.
PUBLICADO: 30 de marzo de 2020