El mayor general Manuel Quevedo en su doble cargo de ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, aprovechando un decreto especial que concluyó a fines de 2019, recurrió a la adjudicación directa a 14 empresas o consorcios no vinculados al sector de los hidrocarburos para intentar levantar la producción de crudo al menos en 1 millón de barriles diarios pero estas licencias fueron devueltas ante la imposibilidad de levantar financiamiento.
La intención estaba en que estas empresas aportaran un total de 2.145 millones de dólares sin que estos recursos se hayan podido conseguir debido a los riesgos que generan aportar dinero a proyectos conjuntos con PDVSA en un escenario en el cual existen sanciones contra ella por parte del gobierno de los Estados Unidos a través una dependencia del Departamento del Tesoro como es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus sigles en inglés).
La mayor parte de estas empresas están vinculadas al sector de la construcción y fueron escogidas por Quevedo por la gestión que tuvieron en los proyectos de la Misión Vivienda Venezuela.
La empresa que debía conseguir mayores recursos es Venenca, que requería aportar 760 millones de dólares para el campo asignado, le sigue Inpark con 250 millones de dólares, Well Services Cavallino con 220 millones de dólares, Helios Petroleum Services LLL con 190 millones, Consorcio Petrolero Tomoropo y Contax-Partners cada una con 120 millones de dólares.
Las empresas Tepeca, Proamsa, Petrokariña, Petróleo Gas y Energía 2021 y Wesca con montos por debajo de 100 millones de dólares.
La única compañía extranjera que figura en estas asignaciones hechas por Quevedo era la china Shandong Kerui Group, que debía aportar 150 millones de dólares y que también devolvió el contrato asignado por Quevedo.
PUBLICADO: 26 de febrero de 2020