Veinte años es el tiempo de la vigencia del acuerdo de cooperación que suscribieron los gobiernos de Venezuela e Irán a propósito de la visita que hizo el presidente Nicolás Maduro a Teherán y su encuentro con su homólogo Ebrahim Raisí a principios de junio, que oficialmente se anuncio que tiene un alcance para “múltiples sectores” incluido el petrolero.
¿La razón de tanto tiempo? Sencillamente el escenario de que las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) no se flexibilizarán o levantarán en el corto plazo. Las gestiones que se han hecho prácticamente han fracasado y nada mejor para los planificadores de políticas públicas de Maduro -que rinden cuenta a la vicepresidenta Delcy Rodríguez- que plantearse un contexto de largo plazo que en este caso llega hasta el año 2042.
Irán ha sido clave para lograr la estabilidad en la producción y las exportaciones pese a tasa de descuento en la venta de crudo de 20% y 30% a favor de la NIOC (siglas en inglés de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán), pero ha sido la alternativa frente a todas las opciones de comercialización que se han intentado con el crudo venezolano. Le entrega diluyentes a cambio de crudo a PDVSA y más recientemente productos semiterminados para alimentar los procesos de las refinerías venezolanas.
Por lo pronto, las recientes autorizaciones que el Departamento del Tesoro otorgó a las compañías europeas Repsol (España) y ENI (Italia) pueden ayudar en tres sentidos a PDVSA: en primer lugar, reducir la deuda que acumula la estatal venezolana con ambas compañías; segundo, ayuda a reducir los inventarios de crudos; y tercero, abe la posibilidad de intercambios por diluyentes o combustibles que sí podrían convertirse en un mecanismo comercial alterno al que tiene PDVSA con la Empresa Nacional Petrolera de Irán.
PUBLICADO: 21 de junio de 2022