La más reciente decisión del Ministerio de Petróleo para que Petróleos de Venezuela (PDVSA) absorba a través de su filial, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), 40% del capital accionario de la empresa mixta Petrozamora en el estado Zulia viene a formalizar una decisión que más bien había tardado, tomando en cuenta las implicaciones económicas y políticas que hay alrededor de la misma.
Antes de las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos a PDVSA a finales de enero de 2019, Petrozamora, como sociedad entre la empresa venezolana y la rusa Gazprombank en porcentajes de 60% y 40%, respectivamente, venía atendiendo los suministros de crudo de la compañía de refinación Nynas en Suecia, en la que la estatal venezolana llego a tener 35%, agrega la publicación.
Los reportes de PDVSA, previos a la entrada en vigencia de las sanciones, indicaban -según el semanario- niveles de producción que alcanzaron un volumen cercano a 100.000 barriles diarios, que en buena parte eran despachados a Nynas, tomando en cuenta que se trataba de un crudo liviano que era valorado internacionalmente. De allí que figura como uno de los casos de mayor rentabilidad en los campos maduros del estado Zulia.
Esos despachos se suspendieron a partir de marzo de 2019. El Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) otorgó una licencia a Nynas, que en teoría pasaba a estar bajo el control de la oposición venezolana través de lo que se llama la junta administradora ad hoc de PDVSA, pero se le impedía recibir crudo venezolano y comenzó a afrontar problemas de flujo de caja.
En mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de Covid-19, se dio una negociación que involucró a la administración de Nicolás Maduro y dejó fuera a la PDVSA ad hoc, en la que Venezuela redujo su participación accionaria a 15%. En ese momento, representantes legales del gobierno interino argumentaron que se complicaba atender la defensa de Nynas sin recursos aprobados por la Asamblea Nacional electa en 2015. La OFAC levantó toda restricción y licencia de Nynas, tomando en cuenta que ya Venezuela no figura como principal accionista.
El factor político alrededor de Petrozamora surge tras las recientes denuncias del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, contra Rafael Ramírez, ex titular de esa cartera y de la presidencia de PDVSA, por la firma de contratos que habrían propiciado un presunto desfalco contra la petrolera por 4.800 millones de dólares.
La acusación de El Aissami vincula en esta operación de Ramírez a Alejandro Betancourt, presidente de la empresa Derwick Associates, pero también representante de la compañía GPB Global Resources, que a nombre de Gazprombank, figuraba como el socio B de PDVSA en Petrozamora.
En tal sentido, el hecho de que ahora la CVP tenga 100% del capital de Petrozamora se enmarca en las acciones que intentan revertir decisiones adoptadas durante la gestión de Ramírez y en la que aparecen personas vinculadas con las denuncias que El Aissami presentó ante la Fiscalía General de la República contra quien fuera uno de sus compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela y una de las personas más poderosas del chavismo.
La intención de PDVSA con Petrozamora está en buscar prontamente un socio para reactivar la producción e incorporarla a la oferta de acciones entre 5% y 10% de las empresas mixtas que saldrían a cotizarse en el mercado de valores, como se inició con Cantv, y se pretende hacer también con Pequiven y Movilnet.
PUBLICADO: 10 de octubre de 2022